Viernes 15 de septiembre del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Francisco Salvador López Brito

*Urge reformar Ley Federal de lo Contencioso

Propongo reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el fin de disminuir de cuatro meses a diez días el plazo para el cumplimiento de sentencias en materia administrativa.

La reforma a los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo simplificará y abreviará los procedimientos jurídicos-administrativos “en beneficio de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia.

En junio de 2016 se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de esta Ley, para regular el juicio contencioso administrativo federal.

Sin embargo, a pesar de que se redujo de 60 a 45 días el plazo legal para dictar las sentencias, no se contempló la disminución del plazo para el cumplimiento de las mismas.

En la práctica no es funcional que se acorten los plazos para la emisión de la sentencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si el plazo para el cumplimiento de ésta es de cuatro meses en el juicio ordinario.

Lo anterior es un plazo sumamente largo para un ciudadano que espera una justicia pronta y expedita y como ejemplo está que un juicio en el que un pensionado reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la actualización de su pensión; el cual podría tardar entre ocho y diez meses, aproximadamente, en ser resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Además, la revisión o el amparo respectivo ante el Tribunal Colegiado de Circuito tarda ocho meses, más los cuatro meses estipulados en la Ley de la materia para que la autoridad dé cumplimiento a la sentencia.

Por tanto, transcurren cerca de dos años para que personas adultas mayores puedan obtener el cumplimiento de una sentencia favorable a su derecho humano de percibir una pensión digna.

Lo anterior es una violación a lo establecido en nuestra Carta Magna. en su artículo 17 Constitucional, que establece que toda persona debe tener una justicia completa, expedita e imparcial.

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