COLUMNA DEL SENADO: Héctor Flores Ávalos

*Recogemos demandas de la sociedad

La Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares recoge buena parte de las demandas de organizaciones de la sociedad civil y de las familias que han padecido la frustración de la insuficiencia del Estado mexicano para resolver dicha problemática.

Sin embargo, el dictamen presenta serias deficiencias e inconsistencias de carácter constitucional.

No es acertado incluir de manera entrelazada y sin distingo claro en el dictamen, lo relativo a la desaparición forzada de personas y lo que se establece en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Consideramos que la facultad que se deriva del artículo 73 Constitucional Fracción XXI, que es eminentemente de contenido penal, no faculta a esta Asamblea, al Congreso de la Unión, para legislar sobre una materia de contenido civil, como es la declaración de ausencia.

Más grave aún es que en el texto se pretenda mandatar o condicionar facultades de los congresos locales, para legislar en materia de contenido civil de declaración de ausencia.

El del Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión relacionada con el mismo debe contar con una ley específica en la materia y con contenido diferente.

Eso sería no solamente lo que consideramos jurídicamente pulcro, sino lo que también estimamos que le va dar mayores garantías a las familias y a las personas que han sido víctimas de estos delitos.

Otro tema sensible es el de la figura de “persona no localizada” frente a “persona desaparecida”.

Estimamos que la confusión que se da en los términos del texto, no solamente no permite a la autoridad actuar con claridad, sino también confundiría las cifras con las que se reportara este delito.

Asimismo, en el artículo 28 los elementos del tipo penal no corresponden a los de desaparición forzada y deja a discreción del Ministerio Público la posibilidad de enjuiciar a personas que no están necesariamente relacionadas con la comisión de este delito.

Debemos evitar que por vicios y defectos en la estructura normativa las familias, esposas, esposos e hijos de aquellas personas desaparecidas vean frustradas sus esperanzas de que esta ley les dé, efectivamente, una respuesta para encontrar, ya sea a la víctima o para castigar a los responsables.

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