Viernes 14 de julio del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Pilar Ortega Martínez

*Rebasan capacidad oficial desapariciones forzadas en México

Los gobernadores y titulares de las fiscalías generales de las entidades federativas deberán informar al Congreso de la Unión sobre las acciones implementadas para erradicar el fenómeno de desaparición de personas, así como los avances obtenidos al respecto.

A pesar de que nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales relativos a la atención y erradicación del fenómeno de desaparición de personas, las autoridades se han visto rebasadas y no han dado la debida atención que esta problemática requiere.

Mediante un punto de acuerdo enlistado en la sesión de la Comisión Permanente he pedido a los titulares de las fiscalías generales que apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de dichas personas y realicen la investigación correspondiente de manera inmediata, integral y eficaz.

Y es que la desaparición de personas es uno de los efectos más graves y evidentes que la ausencia de condiciones de seguridad ha ocasionado en nuestra sociedad.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas o no localizadas son Tamaulipas, con 5 mil 657; el Estado de México, con 3 mil 754, y, en un tercer lugar, Jalisco con 2 mil 744.

En el caso de Tamaulipas se destaca que los niños menores de 4 años son los que más han sido víctimas de desaparición con un total de mil 309, entre 2006 y 2014.

Datos de las Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres arrojan que en el Estado de México desaparecieron 4 mil 285 mujeres en los últimos nueve años, de las cuales 95 fueron encontradas muertas; las edades de las desaparecidas oscilan entre 10 y 17 años.

En el caso de Jalisco, los reportes de desaparecidos en la entidad se duplicaron de 987 casos a mil 950, durante el periodo de 2006 a 2016, de los cuales el 54 por ciento son hombres.

Una de las mayores problemáticas para atender y erradicar este fenómeno ha sido la falta de registros claros y completos.

Datos publicados en un Informe Especial sobre Desapariciones de Personas y Fosas Clandestinas en México, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en abril de este año, señalan que de acuerdo a la solicitud realizada por la Comisión a las Procuradurías de Justicia o Fiscalías de los estados, pudo advertir que a pesar de que diversos órganos de procuración de justicia cuentan con agencias especializadas en búsqueda de personas desaparecidas, distintas investigaciones relacionadas con el tema, se tramitan en agencias no especializadas en la materia.

Los agentes del Ministerio Público en lugar de iniciar averiguaciones previas o carpetas de investigación, radicaron actas circunstanciadas y omitieron ordenar de manera inmediata todas aquellas diligencias tendientes a la búsqueda.

En materia de atención y derechos de las víctimas, el documento señala falta de información, de asesoría jurídica y de información sobre el desarrollo del procedimiento penal.

Con estos datos se advierte la falta de exhaustividad, tanto en la investigación de los hechos como en la búsqueda y localización de las víctimas, por parte de las instituciones de procuración de justicia.

El Estado mexicano debe garantizar a las víctimas y sus familiares su derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de las desapariciones, el proceso y los resultados de las investigaciones, el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición, que implica la implementación de acciones para erradicar este grave fenómeno.

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