Lunes 18 de septiembre del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Iris Vianey Mendoza Mendoza

*No al indulto por enriquecimiento ilícito

Desde el año de 1974 nuestra Constitución concede al Presidente de la República la facultad de conceder indultos a los sentenciados por delitos federales. Y en este sentido el Código Penal Federal tiene un apartado en su título cuarto, capítulo IV, que se titula “Reconocimiento de Inocencia o Indulto”.

El reconocimiento de inocencia se da cuando aparece que el sentenciado es inocente. Entonces se lleva a cabo un procedimiento establecido en el Código Penal Federal, que se llama “Reconocimiento de su Inocencia”.

Y en lo que respecta al indulto, en el artículo 97 del Código Penal Federal, a la letra dice: “Que cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y la seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, y no se trate de sentenciado por traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro o desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por algún delito intencional, se le podrá conceder el indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, y expresando sus razones en los fundamentos en los casos que ya conocemos”.

El objetivo de esta iniciativa que hoy presento es de manera específica, porque desde los tiempos de la Conquista y hasta la fecha, han predominado en México actos de corrupción relacionados con delitos de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública, menos del 1 % de los delitos denunciados ante un órgano de control culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.

La corrupción es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que padece nuestro país, aunado a la inseguridad pública, a la violencia, al narcotráfico y obviamente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El enriquecimiento ilícito y las operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de funcionarios y ex funcionarios, es un delito que ofende de manera particular a la ciudadanía.

Encontramos que en un país como el nuestro, donde 55.3 millones de pobres tenemos hechos de corrupción realizados por funcionarios o servidores públicos, lacera tremendamente a nuestra ciudadanía.

Por tal motivo debe eliminarse la posibilidad del indulto en caso de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque son delitos que ofenden a la sociedad de manera directa.

No obstante que no hay antecedente conocido en el país de algún indulto otorgado tras una sentencia de este tipo de delitos.

Es una realidad que nuestro sistema jurídico lo permite, por lo tanto, permanece vigente la posibilidad de que en un futuro algún futuro Presidente de la República, en uso de estas facultades discrecionales, pudiera conceder indulto a una persona sentenciada por delitos de enriquecimiento ilícito u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Si bien es cierto que tienen expresas sus razones y fundamentos, también lo es que es una gracia que podría conceder el Presidente en forma discrecional, porque legítimamente la ley lo permite, pues no hay una ley o un reglamento que determine los alcances del indulto.

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