Martes 09 de mayo del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Angélica de la Peña

*No se logra erradicar el acoso escolar

Lamento que a más de dos años de haberse iniciado un debate nacional para erradicar la violencia y el acoso escolar, el cual contribuyó a la redacción de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y reformas a otros ordenamientos, no se observen avances sustanciales en la resolución de esta problemática.

Recordemos que el objetivo de crear una legislación específica era atender las causas que llevan al acoso o a la intimidación violenta contra niñas, niños o adolescentes, por parte de otras compañeras y compañeros, e incluso profesores, y que por desgracia algunos de esos casos han llegado al suicidio.

En 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocó a México como el país con el nivel más alto de bullying, según la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje.

En diciembre de 2016, la OCDE dio a conocer el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) capítulo México, donde destaca que el 20% de los alumnos de 15 años reconoce haber sufrido varias veces al mes algún tipo de abuso; además, los datos muestran relaciones sociales fracturadas y el desarrollo de una forma nociva de relacionarse.

La violencia en los hogares y en las comunidades continúa siendo el catalizador de la violencia escolar, pues los niños y las niñas en las escuelas reproducen las situaciones del predominio del más fuerte y el maltrato ejercido por éste.

Debe evitarse criminalizar a las personas menores de edad, pues son también víctimas de situaciones de violencia, por ejemplo, del abandono, de la falta de amor y cuidados parentales y las actitudes violentas, considerando las encuestas que señalan que en uno de cada tres hogares en el país, las mujeres sufren algún tipo de violencia.

Además, la niñez de nuestro país debe sobrevivir a la violencia generada por la delincuencia común, la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como por las violaciones a los derechos humanos.

Culturalmente ha habido un cambio, sobre todo, en el aspecto de la denuncia ante instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, ese cambio no ha sido tan profundo como quisiéramos; en los hogares todavía no se educa siguiendo principios como la tolerancia, la igualdad, la solidaridad y la justicia, entre otros.

Los medios de comunicación no han cumplido su obligación de evitar la apología de la violencia en horarios en donde las niñas y los niños contemplan los programas televisivos, lo cual trasgrede los derechos de las audiencias.

Ninguna autoridad educativa puede eludir su responsabilidad -que ahora tienen obligaciones derivadas de la LGDNNA- como tampoco los padres y las madres, pues se trata de un problema que debe atenderse de manera seria, integral y con miras a la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

El cambio cultural que necesitamos debe conducir al respeto irrestricto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, a la libertad de expresión y de acceso a la información, de participación, entre muchos otros.