Miércoles 21 de marzo del 2018

COLUMNA DEL SENADO: María del Rosario Guzmán Avilés

*Reformas que le urgen al país para lograr seguridad

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue expedida el 2 de enero de 2009 y es una ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.

La ley que se plantea modificar establece en su artículo primero que tiene como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública encuentra su fundamento legal en la ley que se busca reformar, y establece que dicho Consejo contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública y será, según el artículo 10, la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad en nuestro país.

El artículo 12 de la ley en comento, establece quiénes eran los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Estos son: el presidente de la República, quien lo presidirá, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el procurador General de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario Ejecutivo del Sistema.

El presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el secretario de Gobernación y además, el Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública.

Dicha participación será con carácter honorífico; además de lo anterior, el último párrafo de dicho artículo establece que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

Sin embargo, se propone con esta iniciativa que la calidad de invitado del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe sustituirse por la figura de integrante, puesto que la mejor conocida CNDH es la instancia encargada de velar por el respeto absoluto a los derechos humanos en nuestro país, y que además de ser protectora y garante de los derechos fundamentales, es una institución de suma importancia en el Estado mexicano.

Tomando en consideración que se propone integrar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que la fracción quinta del mencionado artículo se encuentra obsoleta al ya no existir hoy en día la Secretaría de Seguridad Pública, se propone eliminar del texto al titular de la secretaría hoy extinta y en su lugar, integrar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como integrantes del sistema.

El artículo 21 de nuestra Carta Magna refiere que la actuación de las instituciones de seguridad pública deberán regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.

Derivado de ello es considerable incluir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y dejar de incluirlo como un invitado del Consejo, puesto que la investidura de dicha Comisión merece formar parte de tan importante instancia en materia de seguridad pública.

Sin embargo, no podríamos hablar de la procedencia de esta iniciativa sin antes añadir que la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe también ser modificada; el artículo 15 de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece las atribuciones del presidente de dicha Comisión.

Por ello se propone recorrer la actual fracción décima segunda a la décima tercera del mencionado artículo, y añadirle al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de ser integrante del Consejo de Seguridad Pública en la fracción doceava, para así buscar que ambas leyes se encuentren armonizadas una con otra y no caer en imposibilidades jurídicas que pudieran impedir al comisionado de los Derechos Humanos, pertenecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La iniciativa que presenté tiene dos objetivos principales: el primero es armonizar la ley para que con el ánimo de tener un texto normativo actualizado y vigente, se elimine del texto de la ley al secretario de Seguridad Pública, pues al ser una posición inexistente nuestro país la ley debe mantenerse armonizada a la actualidad. Por lo que es a fracción debe ser modificada o en su caso derogada.

En segundo lugar y no menos importante, es incluir al comisionado Nacional de los Derechos Humanos como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública y además, dotarlo de dicha facultad dentro de la ley que regula esta Comisión para poder formar parte de este Consejo Nacional de Seguridad Pública.