Lunes 26 de marzo del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Marlon Berlanga Sánchez

*Ley que elimina “coyotes” en trámites burocráticos

Cuántas veces llegamos a oficinas de gobierno municipal, federal o estatal a hacer un trámite y nos encontramos siempre con trabas en las que nos piden una y otra vez documentos que no son requisitados en un principio; o caemos en la mordida o caemos directamente con los coyotes que están muy cercanos a los funcionarios públicos que atienden de mano directamente al ciudadano y siempre generan actos de corrupción para poder percibir la atención que debería de ser el inmediato y eficaz.

Una de las interacciones más frecuentes de la ciudadanía con los entes públicos se presenta a través de la realización de algún trámite o procedimiento para obtener la prestación de servicio público o el otorgamiento de alguna autorización.

En no pocas ocasiones, dichos trámites resultan engorrosos y tardados, toda vez que se exige a los solicitantes documentación a todas luces innecesaria, se exige la presencia de los usuarios sin justificación alguna en reiteradas ocasiones o se requieren muchos más requisitos de los previamente listados, situaciones con las que se presiona a los ciudadanos para posteriormente exigirles contraprestaciones o retribuciones personales indebidas a cambio de facilitar la expedición del trámite o servicio.

La sobrerregulación administrativa o la abierta corrupción que los ciudadanos enfrentan son unos de los factores que contribuyen a la desconfianza y a la poca credibilidad que pesa sobre la autoridad. Por ejemplo, según Latinobarómetro 2017, 9 de cada 10 mexicanos opina que nuestro país se gobierna para unos cuantos grupos en el poder por encima del interés general.

No puede haber régimen democrático sin una administración pública eficaz y eficiente. La complicación innecesaria para la realización de algún trámite o procedimiento gubernamental reduce las posibilidades de aprovechar correctamente los recursos del Estado, incentiva que se presenten actos de corrupción y finalmente facilita la violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

Por ello presenté iniciativa de ley que propone prevenir actos de corrupción dotando de facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de revisar los trámites y procedimientos ya existentes en los entes gubernamentales y en su caso diseñar mejoras que los faciliten y simplifiquen.