Viernes 23 de marzo del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Miguel Enrique Lucia Espejo

*Está por vencer el plazo que nos dio la Corte para trabajar

Recién presenté un paquete de iniciativas con el propósito de establecer mecanismos para que el Legislativo subsane cualquier inconstitucionalidad en la que incurra por acción u omisión y que derive en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa busca fortalecer el imperio de la Constitución en aquellos casos que por acción u omisión del actuar legislativo se haya incurrido en la inconstitucionalidad, pues nuestra ley no cuenta con mecanismos propicios para subsanar la trasgresión.

Se trate de reformar diversos artículos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; y una iniciativa que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Y es que la sentencia de la SCJN que mandata al Legislativo a emitir la Ley de Propaganda Gubernamental, imponiendo un plazo que ya está próximo a cumplirse.

La referida sentencia confirma la procedencia del amparo como medio de protección frente a omisiones legislativas, pero no establece consecuencia de un eventual desacato, lo que nos obliga a definir los mecanismos adecuados para subsanar esa y cualquier otra inconstitucionalidad que por la misma vía se identifique.

En ese sentido, mi iniciativa propone un mecanismo que, en caso de declaraciones generales de inconstitucionalidad y en las omisiones legislativas, esclarece aspectos procesales, procura el subsane de la inconstitucionalidad en la que se incurra por omisiones legislativas; y brinda certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles de una inejecución.

Además, al tratarse de la omisión en la emisión de una norma del orden público e interés general, se establece que el amparo puede ser promovido demostrando interés simple, pues en este caso, los sujetos de la ley pueden estar indefinidos, además de que la ausencia de una ley necesaria vulnera a todos los individuos sometidos a un orden jurídico nacional.

Respecto de los efectos de la sentencia, se establece que cuando se mandate el cumplimiento de una obligación de legislar o de subsanar una inconstitucionalidad, los procesos para subsanar la inconstitucionalidad deberán tramitarse de manera prioritaria, imponiéndose como término para cumplimentar la sentencia el cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente.

Asimismo, establece que en caso de inejecución, el Tribunal Colegiado de Circuito, removerá de sus funciones como presidente de Mesa Directiva de la Cámara correspondiente al legislador que ocupe tal posición e impondrá un nuevo plazo de ejecución que de ser nuevamente violentado pueda culminar con la inhabilitación de integrantes del Poder Legislativo.