Miércoles 14 de marzo del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Dolores Padierna Luna

*Comité técnico del mecanismo nacional de tortura

El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que “la tortura es generalizada en México y que ésta ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”.

Y señaló que “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

Coincidimos con lo expresado por el Relator en el sentido de que el más grave problema vinculado a la tortura es la impunidad, y que el segundo tema en importancia es la ausencia de mecanismos integrales y coordinados para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura con una lógica de obligación de estado desde una perspectiva de derechos humanos.

Al aprobar después de un largo y complejo proceso, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como sociedad nos dotamos también de mayores herramientas para proteger los derechos fundamentales, particularmente en tratándose de casos de violaciones graves a los derechos humanos, como lo son la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En un país como el nuestro en donde en un periodo de 12 años -entre 2005 y 2013- tan sólo se dictaron 4 sentencias condenatorias por el delito de tortura según cifras del propio Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable fortalecer el marco legal, administrativo y judicial para evitar que los cientos de casos que se denuncian y los miles que se presentan a los largo y ancho del país, queden en la impunidad, pues esto genera un efecto de permisividad social y de tolerancia hacia los perpetradores.

Pero el combate a la impunidad no sólo podemos verlo desde la perspectiva legislativa, es necesario que las instancias de procuración de justicia y de sanción judicial también combatan este grave problema que provoca no sólo violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía sino especialmente, provoca descrédito y desconfianza hacia las instancias de seguridad pública, hacia el ejército y hacia la marina nacional.

Y, por ello, resulta relevante que al momento de procesar las eventuales candidaturas de las y los expertos que integrarán el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Tortura tengamos en mente que no se trata de meros nombramientos honorarios de cuatro especialistas en materia de tortura, sino que debemos pensar que se trata de la conformación de un Comité de expertos y expertas que abonará a la construcción de las líneas de trabajo, de evaluación y en su caso de denuncia y combate a la impunidad que se procesen al interior del propio Mecanismo Nacional, pues sólo procesando estas propuestas de especialistas como una parte fundamental del complejo entramado institucional que se necesita para combatir este flagelo podremos entender que el proceso que da inicio con la convocatoria abonará a reducir los márgenes de impunidad que sobre esta materia reinan en nuestro país.