Martes 13 de febrero del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Lorena Cuéllar Cisneros

*Urge modificar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Empujamos una iniciativa para establecer dentro de las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud actuar como órgano de consulta y asesoría hacia las universidades e instituciones de educación superior, a efecto de llevar a cabo acciones para combatir la deserción escolar, particularmente en el nivel medio superior.

A partir de la reforma constitucional de 2012, la Educación Media Superior pasó a ser obligatoria en nuestro país; bajo tal supuesto el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha proyectado que para el año 2022 todos los jóvenes del país de entre 15 y 17 años estarán dentro del sistema educativo.

Sin embargo, ésta es una meta que parece inalcanzable a la luz de las cifras actuales, pues 3 de cada 10 jóvenes en este rango de edad no asisten a ninguna institución educativa, y de los que asisten el 30 por ciento no termina en el tiempo esperado y quienes logran concluirla lo hacen con grandes deficiencias académicas de magnitudes tales que 3 de cada 10 no comprenden lo que leen y no entienden álgebra elemental.

Estos problemas sumados al contexto de inseguridad, apatía y desinterés hacia las actividades de nuestra sociedad y sus instituciones están dando como resultado que entre 600 y 700 mil jóvenes deserten anualmente del sistema educativo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación pública, a pesar de que en los últimos años se ha aumentado significativamente la matrícula a nivel de bachillerato, la tasa de deserción continúa siendo la más alta a causa de diversos factores: el 38 por ciento por causas económicas; el 41 por ciento por motivos escolares; el 5 por ciento por problemas familiares y el 16 por ciento por motivos asociados al entorno social.

Dentro de las causas que tienen su origen en los alumnos destacan el desinterés hacia el estudio, la dificultad para comprender a los profesores y la alta reprobación; escenario que se agudiza en el primer año de educación media por los rezagos que muchos estudiantes llevan desde la educación básica.

Como vemos, el abandono escolar se ha convertido en uno de los desafíos más importantes de la educación en nuestro país, pues además es determinante en el proyecto de vida de nuestra juventud; el abandono escolar condiciona una baja escolaridad, situación que limita las oportunidades de desarrollo y minimiza las probabilidades de acceder a un trabajo productivo y digno, además de aumentar las condiciones de desempleo y pobreza.

Históricamente, el abandono escolar era un problema atribuible a cuestiones económicas en los hogares, pues se consideraba que si un hogar no contaba con los recursos suficientes era ineludible la deserción pues no se contaba con lo suficiente para cubrir la educación y en consecuencia los niños y jóvenes eran vistos como mano de obra para proveer de mayores ingresos al hogar; esta definición excluía la responsabilidad del sistema educativo de la deserción escolar.

Hoy sabemos que la deserción escolar es un problema multifactorial, cuyas determinantes tienen que ver también con factores tales como las estrategias y metodologías de enseñanza y a las políticas escolares de atención a la reprobación.

Estos problemas en nuestras y nuestros estudiantes han ocasionado falta de interés y ausentismo escolar, ambos detonadores del abandono escolar. Hay estadísticas que muestran que el ausentismo reiterado de los estudiantes aumenta hasta 2.2 veces la probabilidad de que un joven deje sus estudios, por lo tanto, una manera de prevenir el abandono es identificar estas situaciones y asistirlos con los apoyos que se requieran.

En este contexto, revisando la incapacidad que ha mostrado el sistema educativo en nuestro país para contener las altas tasas de deserción, es importante contribuir por medio de políticas transversales, que involucren a instituciones que por su naturaleza tengan un contacto de mayor confianza con nuestros jóvenes, tales como el Instituto Mexicano de la Juventud cuya esencia es desarrollar un trabajo por y para los jóvenes del país a efecto de contribuir en otorgarles herramientas para la educación, salud, empleo y participación social.

La educación es esencial para mitigar las desigualdades económicas y sociales y para que las personas puedan acceder a la movilidad social y a mejores niveles de empleo que eleven sus condiciones de vida.

En esto debemos ser enfáticos considerando el difícil momento que atraviesa nuestro país, y que ocasiona que como país ofrezcamos un escenario de crisis económica y social, agravado por condiciones de marginación y profunda desigualdad y descontento en el que viven millones de mexicanas y mexicanos.

La OCDE ha reiterado en distintas ocasiones que existe una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica, por lo cual un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre el 4 y 7 por ciento.

Sin duda la educación es un factor que puede permitir a nuestros jóvenes ampliar sus oportunidades y fortalecesus valores cívicos, razón por la cual resulta la inversión más productiva que puede llevar a cabo nuestro país.

Atendiendo a esto, es fundamental que atendamos el compromiso con el derecho a la educación de millones de jóvenes a lo largo de nuestro país.

Es ineludible la responsabilidad del Estado mexicano con la reforma constitucional del 2012, que establece la obligatoriedad de garantizar a toda la población el acceso a la educación media superior y alcanzar la cobertura total de este nivel educativo a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.

Y en cuanto no hagamos acciones sobre todo en atención de apoyar de manera económica también a nuestros jóvenes, ya que es un rezago social que les limita para continuar sus estudios, pues estaremos creando jóvenes que seguirán en nuestras casas y seguirán, desgraciadamente, atentando contra su desarrollo personal.