Miércoles 3 de enero del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Mariana Gómez del Campo Gurza

*Urge Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información

Urge que la Secretaría de Relaciones Exteriores impulse que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe sea vinculante, con el fin de que los países firmantes cumplan con los compromisos pactados y no sea solo un acuerdo de buena voluntad.

Asimismo, solicitamos hacer pública la postura oficial del Estado mexicano en los trabajos de la Novena Ronda de Negociaciones sobre el Principio 10, que se llevará a cabo en febrero de 2018.

Exhortamos a la Cancillería a garantizar y fortalecer el diálogo constructivo bajo el enfoque de Gobierno Abierto, con las organizaciones de la sociedad civil interesadas y aquellas que se han involucrado en el proceso, con el fin de contar con una participación efectiva que sea informada y que cuente con elementos de análisis de todos los actores interesados en tan importante tema de la agenda global.

De igual modo, considero necesario que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenten con el mismo nivel de participación en la delegación mexicana en las negociaciones de este Acuerdo Regional, al tratarse de un tema que requiere la opinión y expertise de funcionarios de ambas dependencias.

El Acuerdo Regional sobre el Principio 10 para América Latina y el Caribe es un instrumento derivado de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil.

El Principio 10 señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Asimismo, busca asegurar que las personas y comunidades puedan hacer efectivos sus Derechos de Acceso, para así garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Entre los derechos de acceso, continuó, se encuentran los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales.

Todos estos derechos fundamentalmente sirven para conocer el actuar del Estado mexicano, conocer información sobre los proyectos y las medidas para proteger el medio ambiente, participar en la toma de decisiones sobre leyes, políticas, permisos ambientales y proyectos, además de brindar instrumentos para la defensa territorial y ambiental.