Lunes 29 de enero del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Fernando Herrera Ávila

*Propuestas responsables contra la corrupción e inseguridad

Las prioridades legislativas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, tendrán como propósito consolidar marcos legales que hagan frente, con mayor eficacia y eficiencia, a la crisis de inseguridad y la extendida corrupción pública de la presente administración.

En nuestra reunión plenaria, previa al próximo periodo ordinario de sesiones, vamos a analizar y consensuar propuestas responsables, que sirvan a los mexicanos y que contribuyan al restablecimiento de la paz pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En el actual contexto político han surgido ocurrencias de campaña, faltas de seriedad, que sólo buscan congraciar a candidatos del PRI y Morena con el electorado, sin propuestas que vayan a fondo en el combate a esos dos graves problemas que lastiman a los mexicanos.

Los senadores de Acción Nacional vemos con preocupación cómo se ha extendido la corrupción en la presente administración y cómo ésta se tolera y solapa por el pacto de impunidad del PRI-Gobierno. No es aceptable la simulación ni la opacidad, ni que el Gobierno pretenda bajar la cortina a nueve meses de que concluya el actual sexenio.

Hay una lista de casos emblemáticos que la autoridad mantiene bajo el manto de la opacidad, como:

Los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios públicos; las irregularidades en el programa de tarjetas de Bansefi, para los damnificados de los sismos de septiembre pasado; la licitación del tren México- Querétaro, la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la llamada “Estafa Maestra”, el socavón del paso exprés en Cuernavaca; los cuestionamientos a los procesos de licitación en los que han participado empresas como OHL y Grupo Higa, y la corrupción atribuida a una veintena de ex gobernadores del PRI.

Ante los actos de corrupción en los que se ha visto envuelta la presente administración, la estrategia del PRI-Gobierno ha sido la de cooptar y desmantelar instituciones, como el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde fue nombrado como encargado del despacho el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien no ha rendido cuentas de su gestión.

En el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) fue nombrado como director general Virgilio Andrade, quien como secretario de la Función Pública (SFP) cerró el caso de la llamada “Casa Blanca”, sin encontrar responsables del presunto conflicto de interés en la adquisición de ese inmueble.

La institución bancaria enfrenta, ahora, un escándalo por el presunto fraude con las tarjetas Bansefi, entregadas a damnificados por los sismos de septiembre pasado.

Por otro lado, que la violencia y la inseguridad no cesan, frente a un Gobierno federal que se ha visto rebasado por la delincuencia.

Ejemplo de ello es el saldo de la creciente ola de violencia ligada al narcotráfico en 2017, año que cerró con 25 mil 339 asesinatos, la cifra más alta desde 1997, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

La más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI revela que durante la primera quincena del mes de diciembre de 2017, 75.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Como parte de las propuestas del Grupo Parlamentario, se pedirá la comparecencia de los dos funcionarios, para que rindan cuentas sobre las investigaciones de los escándalos de corrupción (PGR), y expliquen qué ocurrió con el manejo de las tarjetas de apoyo para damnificados por los sismos (Bansefi).

En el caso de la inseguridad, se solicitará la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, para que explique por qué falló la política pública de seguridad y procuración de justicia del Gobierno, cuyo objetivo era reducir la violencia y combatir los delitos que más están dañando a la sociedad, como homicidios, secuestros y extorsión.