Lunes 15 de enero del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Luis Humberto Fernández Fuentes

*Libre practica del espionaje en México

Estamos hoy en un problema de la mayor trascendencia, porque el Estado mexicano no tiene el monopolio de las capacidades de intervenir comunicaciones, ni telefónicas ni digitales.

La invasión de la privacidad de las personas y de las empresas ha generado una industria de equipos y servicios que no están hoy controlados y tampoco están sancionados.

Cualquier persona que busque en Internet o en el Centro Histórico de la Ciudad de México, encontrará que puede tener acceso a un sinfín de servicios de investigación, equipo de espionaje, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, existe un mercado con una gran diversidad de software, programas informáticos que ofrecen servicios desde el registro e intervención telefónica, perfiles de cuenta, actividades, tendencias, intereses, hasta secretos industriales, contraseñas, códigos, accesos privados, sin restricción alguna.

Hoy enfrentamos, desde hace algunos años, este nuevo tipo de espionaje, que es el espionaje informático, con el cual es una parte importante de la delincuencia ordinaria, hoy cada vez más los delitos tienden al espacio cibernético y a las cuestiones que violentan nuestra ciberseguridad.

Y esto hace que la vida de las personas, cada uno de nosotros tiene cada vez más vinculada su vida a su vida digital, el desarrollo de las tecnologías nos ha llevado prácticamente a depender toda nuestra actividad de sistemas informáticos y claves de acceso, desde servicios bancarios, trámites gubernamentales, información laboral, comunicaciones personales, recuerdo de archivos privados con fotografías, videos electrónicos, se realizan a través de los medios digitales que usamos comúnmente.

La intervención de estos medios digitales es cada vez más invasiva y agresiva con la privacidad de los ciudadanos y la inseguridad y las constantes amenazas por parte de la delincuencia, así como otras actividades que se presentan en nuestro país.

Y aquí hay que destacar, y éste es el meollo del asunto, que el Código Penal actual sanciona a quien intervenga las comunicaciones privadas, pero no sanciona a las personas o empresas que compran, vendan equipos o servicios de esta naturaleza.

¿Esto qué ha significado? Que se están generando muchísimas empresas que ofrecen estos servicios de intervención de comunicaciones digitales, se ofrecen estos servicios sin que haya sanción alguna.

Entonces, ése es el motivo de esta iniciativa. Ya hay antecedentes internacionales, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de 2001, del Consejo Europeo, estableció que para prevenir los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de servicios informáticos, redes y datos de información, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, se requiere la tipificación y la normatividad conforme al derecho interno de cada país y sancionar de manera efectiva la violación de la privacidad de las personas.

Hoy día no lo tenemos y por eso estamos proponiendo en el Congreso que en el Código Penal se sancione a quien vende equipo o programas informáticos, preste servicio u obtenga para su utilización, difusión u otra puesta a disposición de dispositivos, programas informáticos diseñados o adaptados principalmente para la intervención de comunicaciones privadas, geolocalización, sin el conocimiento del interesado.

También a quien comercialice contraseñas, códigos de acceso, datos informáticos o similares que permitan el acceso y básicamente a quien comercialice con instrumentos, servicios o informaciones que estén en la esfera privada sin el consentimiento del propietario de esta información.

Y es que México destaca en el mundo porque es de los países que más compran equipo de espionaje en América Latina, y aunque la legislación federal sanciona a quien intervenga las comunicaciones privadas sin el mandato judicial competente, hemos limitado al Estado, pero no hemos limitado a los particulares que están realizando este tipo de actividades.