Miércoles 25 de abril del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Laura Guadalupe Herrera Guajardo

*Enorme reto la Ley General de Comunicación Social

Estamos en el análisis del dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

Un dictamen que, sin duda, resulta de la mayor relevancia tanto por la naturaleza de la materia que regula, como por el proceso que dio lugar a que hoy estemos a unos días del vencimiento de un plazo establecido por mandato judicial, que nos obliga a discutir y aprobar una ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Disposición que desde 2007 fue reformada con el objetivo de crear un nuevo modelo de comunicación política dirigida a regular la propaganda gubernamental para asegurar mayor equidad en las contiendas electorales.

Siete años después, en el régimen transitorio de la reforma político electoral se estableció la obligación de emitir una ley que regulara lo dispuesto en la citada norma constitucional.

Han pasado por lo menos cuatro años que la ausencia de dicho marco normativo ha dado lugar, y cito la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “a la violación de la libertad de expresión, de prensa y de información, dado el uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial, así como la censura que genera esta omisión a los medios de comunicación y periodistas críticos”.

Frente a ello, teníamos o tenemos aún, una oportunidad histórica de cumplir con el mandato de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Fueron muchas las iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios representados en el Congreso, y demasiadas las aportaciones por parte de expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia.

La relevancia del tema no es menor, ya que los recursos son provenientes de los impuestos, del trabajo y del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos.

Por ello, no podemos dejar de advertir que a pesar de tener hoy un dictamen cuyo contenido ya ha sido expuesto en esta reunión, existen aún diversas voces que manifiestan la preocupación de que este Congreso incumpla con la sentencia del máximo tribunal constitucional, aún a pesar de aprobar en tiempo una Ley de Comunicación Social.

Es importante que no dejemos a un lado los llamados de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que advierten que de aprobar así la minuta podríamos mantener el estado actual en el que se encuentra la gestión de la publicidad oficial y que esta no sería acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos o el interés de organizaciones de la sociedad civil de insistir en que en los términos de la minuta estaríamos legalizando malas prácticas, analizando solo una iniciativa de las muchas que fueron promovidas, retomando lineamientos que han sido deficientes.

Sobra decir que en este proceso el tiempo apremia, pero eso no puede ser razón suficiente para perder esta valiosa oportunidad de recuperar el sentido de responsabilidad, que nos exige hacer un análisis puntual de la materia para garantizar lo que nuestra Constitución nos exige: que el ejercicio del gasto en comunicación social del Gobierno atienda los principios previstos en el artículo 134 constitucional y, por otro lado, que la libertad de expresión no sea afectada por ausencia de reglas claras sobre este tipo de gasto.