Sábado 07 de abril del 2018

COLUMNA DEL SENADO: Marlon Berlanga Sánchez

*Derecho a recibir información, inapelable

La comunicación tiene dos factores fundamentales, una la que tenemos quienes participamos en la vida del Estado y hacemos gala de nuestros discursos, de nuestras ideas con plena libertad en estas tribunas; y otra, la que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que tienen ideas y no tienen medios de difusión ejercen día a día en la calle, en los medios propios que ellos pueden generar como pasquines, dibujos y ahora el internet, y que se encuentra en peligro nuevamente, no solamente el derecho a la información y a la expresión de ideas, sino fundamentalmente el derecho a la difusión de ellas.

No puede haber régimen político que no se apoye en el reconocimiento y eficacia de tres derechos: la libertad de expresión, la libre difusión de las ideas y el derecho a recibir información.

El énfasis que hacemos sobre ellos para la construcción de un contexto democrático se debe no solo a su valor intrínseco como libertades públicas, sino a su carácter instrumental para la realización de otras finalidades libertarias y de control sobre el poder público.

Son indispensables para el debate de los asuntos de interés común; por medio de ellas se realiza la crítica política que detona la rendición de cuentas; se generan ideas socialmente relevantes que se convierten en insumos para construcción de acciones de gobierno o políticas públicas.

En la actualidad, el internet es uno de los vehículos principales tanto para ejercer la libertad de expresión como para recibir información. Al ser un instrumento primordial para generar la dinámica democrática a la que ya nos referimos, el internet -o la red, como también se le conoce- se convierte en un bien socialmente relevante, y por eso, también sujeto a una serie de salvaguardas normativas que le permitan mantener su utilidad como herramienta de expresión, difusión y recepción de información.

Uno de los atributos más valiosos de la red sobre los que se ha construido un especial estatuto jurídico de protección es su neutralidad. La misma es objeto de conceptualización a partir de cuerpos normativos de fuentes internacionales, pero también nacional.