Miércoles 04 de octubre del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Lorena Cuéllar Cisneros

*Urgen mejores mecanismos de acceso a la salud

Presenté una iniciativa que tiene como objetivo establecer en la Ley General de Salud, la creación del Consejo para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud, para asegurar la adecuada distribución, comercialización y nivel de precios máximos de venta al público de medicamentos e insumos para la salud.

Asimismo, establece que la Secretaría de Hacienda sólo puede intervenir en determinación de precios cuando este tipo de bienes son producidos por el sector público.

Un mandato básico establecido en nuestra Constitución, es el de fomentar el desarrollo y bienestar de la sociedad. Éste es un proceso que debe estar acompañado de una escrupulosa atención en el cumplimiento de obligaciones de la autoridad en términos de derechos.

Este principio garantiza que el trabajo y atención que desarrollan las instituciones no se conciba a la luz de criterios selectivos, discriminatorios o políticos.

Pese a esto, el ámbito económico y social de nuestro país no ha sido lo mejor, dando como resultado que los niveles de pobreza se dispararan en las últimas dos décadas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que hoy casi 7 de cada 10 personas carecen de acceso a la seguridad social y 4 de cada 10 de servicios de salud.

El acceso a la seguridad social es fundamental para garantizar el acceso y ejercicio pleno del derecho a la salud, en consecuencia, éste debe ser visto de manera integral de tal forma que cubra la totalidad de las necesidades que puede llegar a tener una persona con algún padecimiento.

Esto explica la necesidad que tenemos de cambiar la visión para el control de precios en los medicamentos e insumos para la salud que día con día son demandados por millones de mexicanas y mexicanos.

Actualmente los niveles de precios son controlados bajo criterios establecidos en la Ley General de Salud, en donde se otorga esta facultad a la Secretaría de Economía, dependencia que suele determinarlos bajo principios de eficiencia económica pura.

Esto resulta preocupante si consideramos que los medicamentos son un bien público, cuya disponibilidad debe atender más a sociales que a una racionalidad económica y estricta del mercado.

Reconocemos que la industria farmacéutica está orientada a la búsqueda de la salud por medio de la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos que brinden a la población tratamientos eficaces y seguros para los padecimientos que la aquejan.

De acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, gracias a la innovación y el desarrollo tecnológico de medicamentos, se ha observado en los últimos 15 años, un incremento de 40 por ciento en la esperanza de vida.

Un estudio de la Secretaría de Economía sobre la Industria Farmacéutica muestra que los fármacos por su derecho de explotación se dividen en patentes y genéricos, es decir, atendiendo al precio, tenemos el mismo medicamento barato y caro.

Y en ese sentido, el mercado ha segmentado los niveles en los precios, aquí un claro ejemplo extraído con datos de la PROFECO: una persona con alteraciones gástricas, que gana el salario mínimo, necesita dejar de comer y solventar a su familia durante día y medio para poder comprar el medicamento para su salud, sin contabilizar el complemento del tratamiento y la consulta médica.

Ésta es una grave situación para una sociedad como la nuestra en donde el 70 por ciento de las personas viven con alguna carencia social, especialmente en salud, donde la sobrevivencia, como vemos, no es barata.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que en América Latina 700 mil personas mueren por falta de medicamentos, además, ha hecho una denuncia de alerta sobre el derecho a la salud que se ve vulnerado por la inacción de los organismos gubernamentales para ejercer un control integral sobre el mismo.

Una importante organización social con sede en Estados Unidos señala que las empresas farmacéuticas en México como en el resto del mundo ganan cantidades multimillonarias al subir el precio de sus medicamentos de forma arbitraria, lo que provoca que miles de pacientes no puedan adquirirlos y vean mermada su salud e incluso puedan perder la vida.

Por su parte, el Sector Salud padece un grave deterioro en cuanto a la disposición mínima de medicamentos para lograr una atención adecuada de los beneficiarios, pues hay datos que demuestran que 6 de cada 10 unidades médicas no tienen el mínimo de medicamentos; y apenas 4 de cada 10 personas reciben todos los medicamentos para su tratamiento.

Además, sólo 2 de cada 10 médicos cuenta con insumos básicos para atender a un paciente; por ejemplo, la atención gineco-obstétrica decayó sustancialmente pues a las madres ya no se les brindan conocimientos y atención básica durante el embarazo.

De 2008 a la fecha el presupuesto en materia de salud creció en más del 600 por ciento, sin embargo, como ha sido denunciado por muchos ciudadanos, en el servicio prevalecen las deficiencias, la falta de material, de equipo, y una administración enquistada por la mafia de laboratorios farmacéuticos que han sido permanentemente acusados de complicidad para pactar niveles de precios al consumidor.

Como Estado, debemos atender la magnitud de los problemas de salud que padecemos, en los últimos años han muerto infantes por falta de equipo e insumos, sobre todo en localidades y comunidades indígenas.

La salud no es un negocio, debemos reafirmar nuestra responsabilidad como Estado con la vida de millones de personas, que están padeciendo por no contar con el ingreso suficiente para medicamentos e insumos para atender su salud.