Miércoles 15 de noviembre del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Dolores Padierna Luna

*Acción de inconstitucionalidad por reformas a Ley Federal de Telecomunicaciones

Necesitamos 43 senadores y senadoras para que podamos integrar y presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las recientes modificaciones que una mayoría del propio Senado realizó a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

A pesar de las innumerables voces que se levantaron en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que había sido aprobada por la Cámara de Diputados y de que especialistas y organizaciones defensoras de los derechos de libre expresión y comunicación hicieran públicas sus posiciones y preocupaciones sobre esta reforma, de nada importaron sus argumentos técnicos y legales, pues en una votación fast track, la mayoría que conforman el PRI, Partido Verde y algunos senadores del PAN decidieron avalar un conjunto de reformas que no sólo violan los derechos de las audiencias de la radiodifusión así como de los servicios de telecomunicaciones, sino que incluso violentan la propia Constitución federal y los principios internacionales en materia de derechos humanos.

Entre los elementos legales y Constitucionales que violentó esta reforma y que tienen que ser alegados en una eventual Acción de Inconstitucionalidad ante al SCJN destacan:

La violación al principio de progresividad de derechos reconocida a nivel internacional y que desde la reforma del año 2011 forma parte de la esencia de nuestra Constitución.

Con la reforma en telecomunicaciones del año 2014, se reconocieron una serie de derechos a la ciudadanía que fueron calificados como derechos de las audiencias, entre los cuales se destacaban el poder contar con mecanismos ciudadanos al interior de los medios de comunicación para recibir y resolver quejas en contra del propio medio, el poder ejercer sus derechos a través de la figura del ombudsman de los medios, cuyo perfil y actuación sería revisada por el organismo autónomo facultado para ello.

A distinguir claramente la información que se difunde como tal de la información que se difunde como acto de propaganda o promoción, a contar con criterios claros y estandarizados sobre el ejercicio del servicio público de radiodifusión frente al derecho a la información (en su modalidad de recibir información) de toda la ciudadanía, a través de la creación de lineamientos administrativos que aseguren que el IFT velará por sus derechos.

A solicitar sanciones e incluso suspensiones en contra del medio de comunicación que infrinja de manera sistemática la norma o los derechos de las audiencias y finalmente, a no aceptar que la promoción política, partidista y personal se infiltre en las pantallas y en los aparatos de radio como lo ha establecido el artículo párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política Federal que a la letra señala:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”

Por estas y otras razones, nos hacen faltan 43 firmas de senadores y senadoras para acudir a la SCJN en una acción de inconstitucionalidad que permita no sólo defender los derechos de las audiencias, sino defender los derechos humanos y sus principios constitucionales e internacionales.