Viernes 15 de diciembre del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Raúl Morón Orozco

*Incorporar en la Constitución la no discriminación a migrantes

Es necesario reformar el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para darle certeza constitucional al principio de no discriminación contra los migrantes, bajo la figura de extranjeros en situación irregular en el país.

Fundamento mi propuesta en que México está obligado a modificar sustantivamente su política y actitud ante los migrantes, en particular, ante los migrantes que vienen de Centroamérica.

Nosotros no podemos repetir este modelo de agresión hacia otros migrantes. Es hora de que la política migratoria se eleve a rango de política de Estado y de que, con esa misma perspectiva, iniciemos las reformas pertinentes tanto a nuestra Carta Magna como las leyes secundarias.

En ese sentido, mi propuesta es un primer paso en el reconocimiento de los derechos de los migrantes que son un grupo vulnerable que requiere ser protegido con mayor énfasis por nuestra legislación.

Por tal motivo consideramos necesario establecer constitucionalmente la prohibición de discriminación en contra de ellos.

Sumada a la prohibición explícita la discriminación contra migrantes, se fortalece la protección del derecho del debido proceso, recordando que éste hace constancia a ciertos requisitos de validez y eficacia en el proceso jurídico.

Los migrantes se encuentran con otras formas de violencia en nuestro país, que tienen que ver directamente con su situación de vulnerabilidad por el hecho de ser migrantes; es decir, no sólo por ser extranjeros, no sólo por su nacionalidad, sino por la combinación de su condición de extranjeros y su paso en situación irregular por México.

Por eso es que debe ser incorporada a nuestra Carta Magna el principio de no discriminación en su contra; además, porque entre estas violencias que se encuentran en su paso por México no sólo está la discriminación, también está la comisión de delitos en su contra, como el secuestro, la extorsión, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.