Miércoles 13 de diciembre del 2017

COLUMNA DEL SENADO: Juan Carlos Romero Hicks

*Basta de corrupción e impunidad

El mayor escándalo de este país es la corrupción y su madrastra la impunidad.

El diseño constitucional mexicano es del museo de arqueología política del siglo pasado, porque cuando uno ve las sanciones a servidores públicos, generalmente pueden ser cinco: la política, la penal, la civil, la administrativa y la patrimonial.

Pero en el capítulo correspondiente a la Carta Magna tenemos dos instituciones: el juicio político y el juicio de procedencia, para que las personas puedan ser sujetas a cualquiera de los dos supuestos.

Sólo que, en la monarquía imperial, en el viejo México que prevalece, al señor presidente de la República no se lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Esto resulta absolutamente inaceptable.

El actual presidente de la República en campaña, ofreció atacar y erradicar la corrupción en todos los órdenes de gobierno y, hoy, lamentablemente, la asociación inmediata cuando decimos la palabra México en el mundo, una frase es “corrupción e impunidad”.

Los casos de tren México-Querétaro, la casa blanca, HIGA, Odebrecht, el Aeropuerto en la Ciudad de México, el socavón de Cuernavaca, son impresentables.

El diseño es tan malo que un propio subordinado exonera a su jefe. El entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien tenía la obligación de investigar, exoneró al señor presidente la República. Nunca más un subordinado exonerando a su jefe.

Este largo historial, hoy contamina a gran parte de la clase política del país. Y no es sólo de un partido, y se da en municipio, en estado y en Federación.

La propuesta que hoy queremos someter a consideración, es que la investidura presidencial sea la primera en predicar con el ejemplo.

Que el señor presidente de la República también pueda ser sujeto de juicio político. Cuando vemos la legislación comparada encontramos que en América Latina sólo Venezuela, Cuba y México no tienen esta figura.

Por conductas de menor gravedad, en Guatemala cayeron el presidente y la vicepresidenta; en Brasil, por una conducta menor, la señora residente, Dilma Rousseff.

Estamos proponiendo entonces una modificación a los artículos 108, 109 y 111, porque el día de hoy el presidente la República sólo puede ser juzgado por delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues casi nunca.

Necesitamos entonces abrirlo a todos los hechos de corrupción, a los incumplimientos a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.

Y estamos ampliando el plazo de responsabilidades tres años más allá de su mandato.

Esta deuda en la arquitectura institucional es muy importante para todos nosotros. Y frente a un año próximo, y siguientes, ojalá que los actores políticos también se puedan sumar.

La prueba del ácido va a ser la convicción, entre otras, en la congruencia del pensar, el decir, el sentir y el actuar, porque quien no vive como piensa, acaba pensando como vive.