Miércoles 2 de agosto del 2017

Se inconforma Isabel Miranda de Wallace con las estadísticas del INEGI

La presidenta de Alto al Secuestro, A.C., Ma. Isabel Miranda de Wallace, se inconformó con las estadísticas que dio a conocer el INEGI en relación a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, porque asegura que no son confiables por la forma en que se levantó la información.

Aquí sus palabras textuales: “Nos gustaría precisar algunos aspectos a fin de no viciar la discusión entre el nuevo sistema de justicia penal y el anterior, es decir el mixto, ya que esto sería un grave error, toda vez que la propia encuesta no distingue entre ambos sistemas.

Uno de los puntos que se debe de cuidar en evaluar es: a) Se pregunta a personas que desconocen el debido proceso sobre elementos técnicos del mismo, sin explicarlos, ya que sólo el 3.7 % de las personas a las que se les dio el cuestionario son profesionales o técnicos, mientras 1.2 % son funcionarios públicos y 1.2% policías, 1% son empresarios. Es decir, la mayoría de las personas encuestadas y de conformidad con su escolaridad no tienen los conocimientos técnicos para responder una encuesta sobre debido proceso y menos aún para relacionarlo con el sistema procesal con el que fueron detenidos o juzgados.

b) Los entrevistadores, como se ve en la página 13 de la metodología, no son expertos en derecho o debido proceso, ya que su perfil es: edad y sexo escolaridad, requisitos indispensables.

Además, las tablas puestas en la página 14 y 15 confirman las dudas sobre la capacidad técnica para poder hacer las preguntas en torno al debido proceso. No se puede concluir en consecuencia seriamente un manejo de datos sobre el debido proceso.

Claramente confunden los sistemas procesales, pues como ellos mismos reconocen los internos, procesados y sentenciados a los que preguntaron fueron o están siendo juzgados por varios sistemas, ya que no se distingue entre los sistemas anteriores al 2008; antes de la reforma de derechos humanos de 2011, el proceso de implementación de 2008 a 2016 y lo más importante cuales fueron detenidos y juzgados con el nuevo sistema procesal acusatorio.

Las preguntas de la encuesta del INEGI, con relación a la autoridad que entrevista o interroga a los inculpados no están vinculadas a los diversos modelos procesales, porque quien las realizó desconoce los diversos sistemas procesales y encima no consideraron los expedientes y carpetas de investigación de cada caso por lo que aseguramos que esta encuesta no puede ser considerada para la evaluación de un sistema u otro además de que las propias personas privadas de la libertad no son peritos en la materia.

Tampoco lo son en torno al uso de la fuerza en los distintos momentos de la detención y menos la confusión respecto a la utilización de medios de sujeción como esposas. Estos datos solo pueden ser considerados y analizados en el análisis fáctico de los hechos que se encuentran en los documentos de la carpeta de investigación o expediente.

Uno de los elementos que si es relevante en la encuesta es el relativo a la corrupción, pero aún esas preguntas no están correctamente hechas pues en el sistema mexicano los abogados solicitan a sus defendidos cantidades para corrupción para los funcionarios y se presume que no siempre las entregan. Existen otras metodologías aplicadas que sí permiten distinguir sobre el verdadero proceso de corrupción ante las autoridades.

Si varias de estas preguntas fueran hechas a las personas detenidas o sentenciadas en países como Estados Unidos, España, Italia o Francia las respuestas serían parecidas.

Es absolutamente relevante que ninguno de los datos aportados por esta encuesta puede ser utilizable en el debate sobre el nuevo proceso penal acusatorio pues la encuesta no distingue entre las personas que fueron detenidas con este sistema y con el anterior mixto.

Hacemos un llamado al INEGI para que mejore la metodología utilizando el análisis de casos de revisión de expedientes e involucrando a todos los operadores del sistema para que las opiniones no se vean sesgadas ya que sólo reflejan el punto de vista de las personas sometidas a proceso o sentenciadas, no en todos los casos revela la realidad.

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