Lunes 11 de septiembre del 2017

Preocupante aumento de secuestros y extorsiones en la frontera sur de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó la atención sobre el incremento de operativos de control y verificación migratoria en la frontera sur de México, lo que provocó que las personas migrantes busquen rutas alternas para ser invisibilizados y evitar su detención.

Dichas acciones, sin embargo, los han convertido en víctimas de secuestro y extorsión, en tanto que la mayoría de las fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las personas migrantes no han cumplido su cometido.

Así lo dio a conocer el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Informe Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Destacó la especial relevancia que guardan los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración no acompañados en tránsito por México, que en el último decenio aumentó en 700% respecto de los 2,869 que fueron retornados a su país de origen en el año 2010.

Muchos de esos menores de edad –aseguró— se ven obligados a huir teniendo la necesidad de solicitar protección internacional; sin embargo, la autoridad mexicana les ha otorgado esa protección en un porcentaje mínimo, 0.2 y 0.3 % en 2015 y 2016, respectivamente.

Explicó que, si bien en materia de derechos de la niñez se tiene un marco jurídico robusto y garantista, urge armonizar el contenido de las leyes de Migración, de Refugio y las que regulan el desarrollo integral de la familia locales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer los derechos que contienen, así como la interacción entre los órganos creados y las autoridades de los tres niveles de gobierno involucradas.

González Pérez destacó que a más de tres años de la creación jurídica de las procuradurías de protección de la niñez, el Gobierno mexicano no las ha dotado con estructuras, personal y financiamiento necesario, por lo que no han cumplido con su obligación de representarlos jurídicamente.

La autoridad migratoria –sentenció— sigue llevando a cabo la detención de niñas, niños y adolescentes, lo que va en contra del estándar mínimo de protección nacional e internacional de sus derechos, quedando expuestos a las condiciones no idóneas de los centros migratorios y, lo que es peor, a no ser canalizados a los albergues públicos o privados.

Respecto de los compromisos del Estado mexicano con este Comité para investigar casos de corrupción de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) contra personas migrantes, y sobre la mejora de las condiciones de detención en estaciones migratorias, dio a conocer que la CNDH continúa recibiendo quejas por extorsión contra esos servidores públicos, así como también ha comprobado en sus visitas regulares a esas instalaciones la persistencia de hacinamiento y sobrepoblación.

El Ombudsman mexicano expuso diversas acciones emprendidas en relación con la nueva política migratoria de Estados Unidos, que viola derechos humanos, entre ellas la emisión de medidas cautelares contra la entrada en vigor de la Ley SB 04, en el Estado de Texas, y la presentación de un Amicus Curiae ante el Juez, quien resolvió que varios preceptos fueran suspendidos, pero hace falta declarar la total invalidez de la misma.

Finalmente, señaló que en futuros ejercicios, será indispensable que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos presenten al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas informes conjuntos que den cuenta de la magnitud regional del problema migratorio, y compartan las acciones de cooperación conjunta y un análisis integral de los obstáculos y retos que impiden garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de quienes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen en busca de una vida más digna.

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