Jueves 24 de agosto del 2017

Otro que jura por Dios que no tiene responsabilidad en la corrupción del Socavón

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez se reunió con legisladores de la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente, donde negó que su administración sea culpable de lo ocurrido en el Paso Exprés, dijo que desde hace un año advirtió a las autoridades federales sobre fallas estructurales en la obra.

“No se nos puede juzgar como responsables, porque esas vidas (en referencia a Juan Mena López y Juan Mena Romero) no se hubieran perdido si se hubieran hechos las cosas que tuvieron que hacerse debidamente. No hubiera pasado nada”, expresó.

Comentó que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, no dijo la verdad sobre el caso, porque en octubre de 2016, el gobierno de Morelos le envió una advertencia al director del centro de operaciones de la secretaría, para señalar que la alcantarilla del colector pluvial de la barranca Santo Cristo era insuficiente y no resistiría.

También refirió que le planteó a Ruiz Esparza que era muy apresurada la inauguración del Paso Exprés, “y su respuesta fue: ya me comprometí a que en Semana Santa se abría esto; es muy importante que Morelos dé un anuncio de que pueden venir en Semana Santa; faltan detalles y estamos trabajando a marchas forzadas”.

Expuso a los legisladores que por el cuestionamiento fue llamado por el Estado Mayor Presidencial para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto para hablar del asunto. “Él aseguró que, esto, en 48 horas estaría resuelto”.

“Nunca aceptamos la irresponsabilidad de que el secretario de Comunicaciones dijera que eran cuestiones de señalética y de mover materiales, y terminar la obra totalmente; a sabiendas de que había ahí una falla estructural que tarde o temprano, como advertimos un año antes, no iba a servir para el drenaje de ese tramo de la carretera”, apuntó.

En cuanto al rescate de las víctimas, señaló que se hizo todo lo posible; y abundó, “¿porque no cerramos la carretera, si es facultad de nosotros?, porque nunca supimos la magnitud del desastre que tenían ellos en la carretera, y que ellos sí lo conocían”.

En su mensaje, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Tercera Comisión, señaló que después de las reuniones con el secretario de Comunicaciones y Transportes y el gobernador de Morelos, “nos vamos con más preguntas que respuestas; me queda la duda de cómo fue posible que se autorizara una ampliación en el trazo original de ese libramiento”.

Abundó en que había otras soluciones para desahogar el congestionamiento vial de ese tramo carretero, y “eso también se tiene que investigar, ¿por qué la solución óptima de construcción de infraestructura original no se llevó a cabo y se decidió remendar una vía que no tenía con qué crecer; y ahorita estamos asumiendo las consecuencias también”.

“Los 32 gobernadores de la República mexicana tienen facultades expresas en la Ley General de Protección Civil que deberían ejercer a cabalidad, que deberían cruzarse oficios, y deberían dejarse por escrito cuando hay algún diferendo”, refirió.

Dijo que el Congreso mexicano tiene que realizar este tipo de reuniones con mayor frecuencia, porque cuando se tienen facultades constitucionales y legales, y no se ejercen, se cae en omisiones y se asume también la responsabilidad de eso.

Al iniciar la primera ronda de preguntas, el diputado Vidal Llerenas, del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que no fue un accidente y el titular de la SCT tiene responsabilidad por no verificar la obra; y el Presidente de la República por hacer una inauguración apresurada.

Cuestionó si el gobernador de Morelos acompaña la petición de que el secretario de Comunicaciones y Transportes debe renunciar al cargo.

Graco Ramírez respondió que no le compete calificar como delito las acciones de las autoridades federales.

El senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que el gobernador de Morelos implicó al secretario de Comunicaciones y Transportes y al Presidente de la República en la comisión de un delito, por lo que está obligado a presentar una denuncia penal.

También solicitó que el mandatario estatal envíe un informe sobre la reunión con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente a la Procuraduría General de la República (PGR); “de lo contrario vamos a ser coparticipes de una figura delictiva, el encubrimiento”.

En su participación el senador Fernando Mayans Canabal, del PRD, se refirió a la mala calidad de la obra y a los actos de corrupción en el manejo de la obra pública, en las licitaciones y con “los moches”. Cuestionó si el gobernador tuvo algo que ver con la designación del delegado de comunicaciones en el estado. “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que asumir su responsabilidad, hacer justicia al pueblo de Morelos”, aseveró.

La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza aseguró que lo ocurrido “no fue un accidente, esto a todas luces pudo haberse evitado”. Lamentó que entre servidores públicos se “avienten la bolita” y dijo que cada quien debe hacerse responsable de su parte; asimismo, subrayó que el gobierno de Morelos tiene responsabilidad pues debió actuar ante las alertas ciudadanas y porque no se presentaron oportunamente al lugar de los hechos; y pidió mayor sensibilidad con las familias de las víctimas y que haya responsables.

La senadora Lisbeth Hernández Lecona, del PRI, dijo que el coordinador nacional de protección civil alertó anticipadamente al gobernador para que se establecieran las medidas preventivas inmediatas para la temporada de lluvias. Agregó que ningún funcionario estatal se presentó al socavón para coadyuvar en las tareas de rescate y atención oportuna a las víctimas. Cuestionó por qué los elementos de rescate no cuentan con capacidad técnica y equipo de rescate para atender una contingencia como ésta.

En su respuesta, el gobernador de Morelos destacó que desde un mes antes, protección civil del gobierno del Estado, de la Comisión Estatal del Agua, advirtieron su preocupación por el tramo de la barranca de Santo Cristo.

Agregó que “un gobierno no puede estar auditando una obra federal. Cuando yo advierto que no se ha terminado la obra, me refiero a la parte superficial, todavía en la lógica y compromiso del secretario que en 48 hora o más se tendría todo resuelto en el tramo de la vía exprés”.

Posteriormente, ante la gravedad del tema de la barranca, se entregó en junio, una minuta clara y precisa al delegado de SCT y se habló con el subsecretario de comunicaciones para manifestar la preocupación al respecto, cuya respuesta fue que se atendería, por segunda o tercera vez.

Graco Ramírez entregó el minuto a minuto de toda la operación de rescate. “Insistir en que la responsabilidad es de quien no llegó oportunamente en la opinión, aceptando sin conceder que así fuera; no puede ser tan grande como el que provocó que esto ocurriera”, subrayó.

Puntualizó que el director de protección civil mantuvo contacto con la familia desde las primeras horas, y subrayó que los gastos de las personas fallecidas fueron sufragados por el gobierno del estado, “jamás la SCT se presentó a atender esto y a las familias”.

Declaró que durante la inauguración señaló al Presidente de la República que había cosas que no se habían terminado y advirtió que hubo accidentes por falta de señalización; y sobre el delegado afirmó que pidió que se cambiara, por su conducta en el trato a constructores y su manera de llevar la gestión pero no nombró al siguiente.

En una segunda ronda de preguntas participaron el diputado Jesús Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRD; y el diputado Hugo Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI.

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