Viernes 11 de agosto del 2017

No se hagan “patos” en la investigación relacionada con el espionaje

A fin de garantizar el irrestricto respeto de los derechos y libertades consagradas en la Constitución, la Primera Comisión aprobó un punto de acuerdo por el que se solicitará a la Procuraduría General de la República se aceleren las investigaciones relacionadas con la presunta intervención ilegal de comunicaciones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.

Se pedirá igualmente, claridad en el deslinde de responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones a los responsables, conforme lo estipula la ley.

A la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y al Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (CISEN) se les exhorta a establecer mecanismos de información respecto de los hechos, materia del presente dictamen.

Se precisa que si bien la PGR tiene la obligación de reserva tanto de la información de seguridad nacional como de aquella relacionada con alguna investigación o averiguación previa, también es cierto que dicha secrecía no la exime de cumplir con su obligación de atender y dar celeridad a todas las investigaciones pendientes.

Se refiere, por otra parte, que el pasado 20 de julio, comparecieron ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional los titulares de la Secretaría de Gobernación, PGR, Comisión Nacional de Seguridad, y CISEN, quienes presentaron ante senadores y diputados información respecto a las denuncias de espionaje en el país de reporteros y defensores de derechos humanos.

En el mismo dictamen, se plantea que la Comisión Permanente condene cualquier tipo de actividad realizada fuera del marco de la ley, cuyo objeto sea o menoscabar la esfera de libertades y violentar la privacidad de las personas, así como que se pronuncie por el respeto irrestricto de los derechos y libertades consagradas en la Constitución, como condición necesaria para el desarrollo pleno de los principios democráticos en el país.

El documento que se presentará ante el Pleno de la Comisión Permanente es resultado del análisis de 23 proposiciones con punto de acuerdo de senadores y diputados de diversos grupos parlamentarios, quienes coinciden en el rechazo a las acciones de espionaje, así como la petición a las autoridades de gobierno a hacer respetar las comunicaciones privadas.

En las consideraciones, se refiere lo establecido en el artículo 16 constitucional: “Las comunicaciones privadas son inviolables. Se sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.

El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”.

También se subraya la necesidad de atender los casos de excepción previstos en la Ley de Seguridad Nacional, en casos de combate a la delincuencia organizada y para garantizar la estabilidad en el país.

Una de las excepciones previstas se encuentra en el párrafo 13 de la Constitución, donde se faculta a la autoridad judicial federal para que, a petición de la autoridad federal o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorice la intervención de cualquier comunicación privada.

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