Martes 12 de septiembre del 2017

En México, 7.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes presentan inseguridad alimentaria severa

La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Hortensia Aragón Castillo, señaló que en México residen alrededor de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 7.6 por ciento presenta inseguridad alimentaria en grado severo y cuatro de cada 10 son víctimas de maltrato.

Además, la tasa de suicidio es de 4.3 por cada 100 mil menores entre 10 y 17 años, y ocho de cada 100 infantes trabaja; por ello, dijo, es necesario legislar para garantizar sus derechos.

Al inaugurar el “Foro para el análisis de la iniciativa de armonización de la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, destacó que la infancia debe dejar de ser considerada el futuro del país, para ser vista como una realidad sujeta de derechos y acceder a una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades.

Reconoció que, aunque existen avances en la materia, hoy las cámaras de Diputados y de Senadores trabajan en la actualización del marco normativo para una adecuada implementación de la Ley General de Educación y favorecer la elaboración de políticas públicas en la promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“Con la armonización se pretende alcanzar que los menores se desarrollen de manera plena y segura en los planteles educativos, gozando de todos sus derechos”.

Explicó que la iniciativa que redactarán tiene el objetivo de incorporar el principio del interés superior de la niñez como eje rector en la aplicación de la ley educativa; determinar la atribución de las autoridades federales y locales de elaborar protocolos de actuación en casos de acoso, violencia escolar, y establecer como infracción el realizar, promover, propiciar, tolerar o no denunciar estos casos.

El diputado Francisco Martínez Neri señaló que la iniciativa propuesta para la armonización legislativa aborda asuntos de gran calado. “Algunos otros son materia de políticas públicas que deben emprenderse a la brevedad”.

Sostuvo que “es nuestra responsabilidad” revisar los fines de la educación; las medidas para garantizar su calidad; la disciplina escolar; fomentar la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos y prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, dijo, establecer protocolos de actuación en situaciones de acoso o violencia escolar; asegurar la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y regular mecanismos para asegurar la expresión y participación de los menores, a fin de tomar en cuenta su opinión, intereses y preocupaciones en materia educativa, así como un sistema de becas para apoyar la permanencia o reingreso de niñas y adolescentes embarazadas.

Estimó que deberán adoptarse medidas de protección especial para los infantes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter socioeconómico, que vivan situaciones o entornos de violencia, que sufran exclusión y discriminación, o cualquier otra condición que restrinja o limite el ejercicio de sus derechos.

Resaltó que los retos son grandes y que aún falta mucho por hacer; por ello, reconoció el avance que significa la iniciativa. Enfatizó la necesidad de que todas las instituciones del Estado mexicano velen por el principio del interés superior de la niñez y garanticen una educación de calidad.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz consideró indispensable aprobar esta iniciativa que será punto de partida para reformarse, pues hay más de 70 ordenamientos. Estimó que debe fortalecer la terminología, ya que dará los estándares mínimos y una visión sistémica para que todo el aparato educativo avance, y las niñas, niños y adolescentes reciban una enseñanza de calidad.

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, explicó que la armonización es ir más allá de lo que ya existe en las leyes generales de Educación y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Agregó que se busca analizar el régimen jurídico y ver cómo se hace real la vigencia de los derechos de los menores. Consiste “en hacer modificaciones buscando líneas comunes, pero, sobre todo, una nivelación jurídica muy significativa”, abundó.

Precisó que algo a tomar en cuenta es el concepto de acción afirmativa que garantice el derecho a la educación a las personas con mayor rezago educativo.

El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Javier Treviño Cantú, resaltó que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, apuntó.

Este principio, añadió, dispone una limitación, una obligación y una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades, pues debe entenderse como la satisfacción integral de los derechos de los infantes.

Consideró que el contenido de la iniciativa es idóneo para complementar el marco jurídico existente y toma especial relevancia el establecer expresamente que las autoridades educativas deben observar el principio del interés superior de la niñez en la aplicación de la ley; obligar a los responsables locales del sector a prestar el servicio de educación básica en condiciones de normalidad mínima, y facultarlos para elaborar protocolos para casos de acoso y violencia escolar.

“La SEP considera de gran utilidad y pertinencia, incorporar de manera complementaria y en beneficio de las niñas, niños y adolescentes dichas propuestas”, puntualizó.

Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, consideró que el gobierno federal debe armonizar la Ley General de Educación y la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de permitirles acceder a sus derechos.

Enfatizó que el gobierno mexicano debe asegurar el derecho a la educación de los niños; actualmente 1.3 millones no asisten a educación preescolar, 263 mil no acuden a la primaria, 2.3 millones de adolescentes no van a la escuela, principalmente por situaciones económicas. “Es fundamental que se implementen acciones para promover el regreso a la escuela y detectar las razones por las que la han abandonado”.

La funcionaria de Unicef alertó que cerca de 600 mil niños y adolescentes están en riesgo de salir del sistema educativo de manera prematura por encontrarse en situaciones de rezago; se tendrá que mejorar la calidad en la enseñanza y la profesionalización de los docentes de los niveles preescolar, básica y media superior.

Refirió que si bien México invierte mucho en educación, el gasto anual por estudiante de primaria hasta superior es del 19 por ciento del PIB per cápita y el segundo promedio más bajo de la OCDE. De acuerdo con el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 2015, los menores del país no tienen las mismas competencias de sus pares en otras naciones.

Afirmó que para que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes pueda tener un impacto en la vida de cada infante, se debe asegurar que los ordenamientos no sean de carácter enunciativo, sino que cuente con un mecanismo que permita su cumplimiento y esto sólo se logrará con el trabajo en conjunto de los tres órdenes de gobiernos.

El coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, Héctor Ramírez del Razo, hizo votos para que las políticas públicas prioricen los derechos de las niñas y los niños. Se congratuló que las reformas de armonización en algunos casos refuerzan y en otros complementan la arquitectura jurídica de la Reforma Educativa, pues aseguran el interés superior de la niñez y garantizan sus derechos, principalmente en la prevención social de la violencia.

Bertha Acosta Huerta, directora de área del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que toda ley dirigida a los menores debe considerar su dignidad y el carácter de sujetos de derechos con capacidad de exigirlos. Además, recalcó que se debe materializar la armonización, revisar si el lenguaje es incluyente, con perspectiva de género, así como verificar que esta población sea reconocida como titulares de derechos y no como sujetos de obligaciones.

Paola Gómez Espinoza, Oficial de Educación de Unicef en México, subrayó que es vital que niñas y niños sean quienes digan qué necesitan al ser ello los receptores de la enseñanza. En esta armonización, precisó, se deben considerar temas como la no discriminación y la participación. Las modificaciones se tienen que coordinar con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por ser punta de lanza para la educación.

Sandra Báez Millán, coordinadora sectorial de Normatividad de la Subsecretaría de Educación Media Superior, resaltó que de no lograr la armonización se corre el riesgo de entrar a una contradicción de normas con lagunas o vacíos normativos.

Por ello, llamó al Legislativo a concluir este proceso y considerar conceptos de asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, velar por el interés superior de la niñez, incluir el acoso escolar y educación inclusiva, así como contemplar a la enseñanza media superior como obligatoria.

La coordinadora de Operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, reconoció los avances alcanzados con esta iniciativa; sin embargo, planteó desarrollar claramente lo que es violencia escolar, fortalecer la igualdad sustantiva e inclusiva, no discriminación, educación sexual integral, acceso a una vida libre de violencia y participación infantil, así como establecer un transitorio para armonización del reglamento de esta ley y las reglamentaciones estatales, pues están desarmonizadas desde 1993.

También participaron en las mesas de diálogo académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes externaron sus opiniones sobre la importancia de armonizar las leyes generales de Educación y la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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