Viernes 11 de agosto del 2017

Con las armas defenderemos nuestros espacios en la zona arqueológica de Chichén Itzá

Por Guillermo Pimentel Balderas

En conferencia de prensa, en la Ciudad de México, Villevaldo Pech Moo, integrante de la dirigencia estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Yucatán, denunció que el gobernador de esta entidad, Rolando Zapata Bello, y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), pretenden desalojar a poco más de mil artesanos indígenas de la zona arqueológica de Chichén Itzá, argumentando que están asentados de manera ilegal en el interior de la zona arqueológica.

Pech Moo, asesor jurídico de los artesanos, advirtió que, para defender sus fuentes de empleo y espacios en ese lugar turístico, los artistas manuales “se están armando y se van a tener que defender”.

Acusó a los gobiernos estatal y federal, de “estar ignorando la problemática, toda vez que maneja dos lenguajes, por un lado, públicamente dice que no los va a desalojar, que los quiere mucho y que los va a proteger. Pero debajo de la mesa los está golpeando, usando como estrategia la calumnia a través de los guías de turistas, que llaman a no comprar a los artesanos, porque lo que venden es chafa (sic) e ilegal”, indicó.

En este sentido, aseguró que los artesanos en décadas anteriores ya han sufrido desalojos orquestados por la Fuerza Pública, quienes han usado gases lacrimógenos, dañando a niños y mujeres embarazadas. Por esto, Villevaldo Pech, hizo un llamado para resolver la problemática, ya que decir de él, “el gobierno alardea que los está ayudando, pero no es la realidad, los artesanos se están armando y se van a tener que defender”.

Por esto, los artesanos de Chichén Itzá buscan, además de defender su fuente de empleo, “que se lleve a cabo la expropiación de la zona arqueológica, toda vez que la zona arqueológica está integrada por 1546 hectáreas declaradas como zona federal y de esa, poco de la mitad, más de 700 hectáreas, son propiedad privada de mexicanos y extranjeros”.

Además, se exige que se reconozca la permanencia legal de los artesanos en esta zona, toda vez que los artesanos viven en condiciones deplorables.

Así, Pech Moo denunció que el gobierno de Yucatán miente cuando dice que ha comprado la mayoría de las tierras de la zona arqueológica, “pues podemos demostrar que una gran parte de la zona es propiedad privada”.

Los artesanos también llaman al Gobierno estatal a “que el 15% de lo que genera Chichén se asigne para el municipio donde se encuentra enclavada la zona arqueológica, lo cual servirá para detonar la economía de la región, construyendo universidades y la construcción de una clínica de salud”, lo cual, a decir del dirigente de CNPA, asciende a un millón 750 mil pesos diarios, es decir 52 millones 500 mil pesos mensuales, toda vez que recibe Chichén un promedio de 7 mil visitantes por día que pagan 250 pesos cada uno.

Pech informó que, como parte de las gestiones en la Cámara de Diputados, se consiguió que el INAH aporte el 5% de sus ingresos en Chichén al municipio, pero se deja de lado el cobro que lleva a cabo el gobierno estatal a través del Patronato de Cultura.

Además, los artesanos piden que no se cobre a ningún yucateco por visita las zonas arqueológicas a lo cual el, desde hace 3 meses, el gobierno del estado ha suspendido el cobro a los yucatecos, pero falta que el INAH se sume a esta demanda.

Incrementa violencia en Cancún y Playa del Carmen Por su parte, Alfredo Peralta Olivares, miembro de la dirigencia de CNPA en Quintana Roo, dijo que el incremento de turismo internacional, no necesariamente significa un incremento en la derrama económica, toda vez que el ingreso de los extranjeros, es controlado por empresas turísticas transnacionales en moneda extranjera y que controlan el traslado, compras y hospedaje de los turistas, conminándolos a no comprar en los mercados de artesanos locales de la región, argumentando problemas de inseguridad, vulnerando la economía familiar y regional de la zona maya.

El dirigente de CNPA, dijo que, a esta problemática, se suma el incremento de la violencia en Cancún y Playa del Carmen. Explicó que en el municipio de Benito Juárez -donde se asienta Cancún-, “llevamos 91 ejecuciones en el año, sin contar a Playa del Carmen que está lleno de robos, extorsiones, lo cual no se publica en ningún medio porque tienen órdenes del gobierno estatal de no espantar a los turistas”, lamentó.

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