Viernes 16 de marzo del 2018

Vacío legislativo frena exigencia a Peña Nieto de que pare el reguero de sangre política en México

Cuando un grupo de legisladores intentó presentar el punto de acuerdo preparado para que el Senado de la República exigiera al presidente Enrique Peña Nieto que atienda el clamor social de frenar los asesinatos de candidatos y funcionarios públicos, el salón de sesiones de vacio para evitar quórum y obligó a la suspensión del trabajo parlamentario.

Los frustrados senadores panistas expusieron que en el primer Informe de Violencia Política en México 2018, realizado por Etellek Consultores, se señala que, entre el 8 de septiembre de 2017 y el 6 de febrero de 2018, se han registrado 83 agresiones en contra de políticos en todo el país.

Explicaron que se trata, entre otros, de 15 precandidatos, nueve alcaldes, un presidente municipal electo, 12 regidores, ocho dirigentes partidistas y militantes, un diputado local y un ex regidor.

Por ello los legisladores intentaron presentar un punto de acuerdo para que el Senado de la República exhortara al presidente Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República, a implementar estrategias, eficientes y efectivas, para eliminar la tasa de homicidios dolosos de personas involucradas en las elecciones de este año.

Sin embargo, antes de que se presentara esta propuesta, la sesión pública ordinaria se suspendió por falta de quórum y una vez más los legisladores faltistas salvaron al Jefe del Ejecutivo federal de atender las exigencias que hace la sociedad a través de sus representantes en el Congreso.

Además, los senadores de esta bancada intentaban solicitar a dichas dependencias, garantes de la seguridad pública, que informaran sobre las acciones implementadas para la prevención y combate de homicidios durante el proceso electoral 2018.

“La PGR ha estado trabajando arduamente en investigar, sin sustento jurídico real, a candidatos, periodistas y miembros de la sociedad civil”, acusaron los legisladores en un comunicado de prensa, y añadieron que “no es posible olvidar escándalos con eco mundial como el suscitado en junio del año pasado, en el que el Gobierno federal se dedicó a espiar a periodistas, activistas y hasta a sus familiares a través del programa Pegasus”.

Insistieron en que con el mismo ahínco con que investiga a sus rivales políticos, el gobierno de Peña Nieto debe ordenar quese investiguen las razones y se dé con los responsables de los asesinatos de políticos y candidatos.

“Necesitamos acciones y estrategias para garantizar la democracia del país. Hoy no sólo estamos expuestos a la violencia brutal que ha marcado el sexenio y que va de la delincuencia organizada al ladrón que roba el fruto de nuestro trabajo; hoy tenemos una situación que agrava la ya existente: el asesinato de personas involucradas en el proceso electoral representa no sólo la muerte de un ser humano sino la muerte de la democracia misma”, subrayaron y sostuvieron que el Gobierno Federal, con la falta de acciones para combatir esa situación, está matando a la democracia.

Recordaron también que de acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes de México, en este sexenio han sido asesinados 60 presidentes municipales: 33 que habían dejado su cargo, 22 en sus funciones y cuatro recién electos, lo que representa 22 por ciento más casos de homicidios que en el sexenio anterior.

Además, el informe “Justice in Mexico”, se señala en el documento, indica que hoy un presidente municipal tiene 12 por ciento más de probabilidad de ser asesinado que un ciudadano común.

“No podemos permitir que nuestros candidatos mueran en la máxima impunidad”, exigieron en declaraciones a los medios de difusión.