Lunes 26 de marzo del 2018

Titánica o ilusa tarea de algunos senadores que buscan otorgar más facultades a ciudadanos

Con el propósito de ampliar los canales de participación política de la ciudadanía, senadores panistas propusieron reformar la Constitución para implementar la revocación de mandato a todos los servidores públicos electos por voto popular.

Los representantes populares podrán ser sometidos a este mecanismo de control, una vez que haya transcurrido, al menos, la mitad del periodo de su encargo, indicaron los legisladores, quienes consideraron que la medida fortalecerá el escrutinio de la sociedad sobre los asuntos públicos y ensanchará los espacios para la democracia participativa.

De igual forma, solicitaron demandar la rendición de cuentas a los particulares que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, y que quienes incurran en responsabilidad frente al Estado por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deban observar en el desempeño de sus funciones, sean sujetos a sanción.

Al presentar un paquete de reformas y adiciones a diversas disposiciones constitucionales, los senadores panistas también propusieron facultar a congresos estatales, gobernadores, presidentes municipales, así como al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a los alcaldes de la capital, a efectuar consultas populares sobre asuntos de su competencia.

Todo lo anterior se incorpora en el artículo 35 de la Constitución, referente a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, en el cual se añade la posibilidad de que participen en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas en todos los órganos del Estado y órdenes de gobierno.

Asimismo, en esta disposición constitucional se añade que la ciudadanía tiene el derecho de participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder público, directa o indirectamente, y de manera individual o colectiva, además de que “es un derecho que debe ejercerse a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y participativa”.

En el Artículo 108 constitucional, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, los senadores propusieron que adicionalmente a la presentación de declaraciones patrimonial y de intereses obligatorias ante las autoridades competentes, los funcionarios rindan cuentas a los ciudadanos que lo soliciten.

En la exposición de motivos, destacaron que en septiembre de 2015 nuestro país se comprometió en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a trabajar en la consecución de los objetivos del Desarrollo Sostenible para el año 2030, en cuyas metas se destaca la democracia y la participación ciudadana.

De igual manera, indicaron que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 señala que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

También refirieron que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1976 se establece que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción y restricciones indebidas, del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos libremente.

Resaltaron que México requiere transitar de una democracia representativa a una participativa, como lo han hecho en Latinoamérica “Colombia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, que incorporaron en sus constituciones la dimensión participativa como forma de gobierno y reconocieron de manera amplia los derechos políticos de los ciudadanos a través de mecanismos de democracia directa, representativa y participativa”.

“Es necesario actualizar nuestro marco constitucional en materia de participación ciudadana para continuar con la reforma del Estado hacia la consolidación de la democracia en nuestro país, reconociendo con ello la dimensión participativa como un atributo fundamental de la forma de gobierno”, puntualizaron.

La iniciativa, que propone reformar también los artículos 26, 39, 40, 41, 73 y 115 de la Constitución, se elaboró con la asistencia técnica del proyecto de “Fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernanza ambiental para la sustentabilidad”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), manifestaron los senadores.

El proyecto de decreto fue suscrito por la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks.