Lunes 26 de marzo del 2018

Senador culpa a diputados y advierte que de no atender el llamado, la Corte los puede meter a la cárcel

El senador Zoé Robledo advirtió que no existe aún un acuerdo entre las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para definir cuál sería la cámara de origen de la Ley en materia de propaganda gubernamental.

El vicecoordinador político del Grupo Parlamentario del PT-Morena señaló que el único acuerdo es trabajar en conferencia, por lo que lamentó que haya poca representación de la Cámara de Diputados en las audiencias públicas llevadas a cabo en el Senado por las comisiones unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Segunda, con especialistas, para el análisis de dicha ley.

“Es importante destacar que el acuerdo era trabajar en conferencia y en ese sentido tener representación de Diputados aquí. Fueron convocados, ojalá vayan llegando porque de otra manera estamos otra vez tomando rutas paralelas, pero distintas, y eso a mí me preocupa porque el tiempo cada vez apremia”, dijo.

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía destacó que según el acuerdo bicameral, era fundamental trabajar en conferencia antes de entrar en una discusión de la Cámara de origen, no obstante se sabe que hay asuntos que tienen ciertos desequilibrios, por ejemplo en Diputados, las minutas están turnadas solamente a una Comisión, mientras que en el Senado son tres las dictaminadoras.

“Por eso sí manifiesto mi preocupación de no tener una representación amplia de los diputados, a sabiendas de que, hasta donde tenemos conocimiento, no hay un proceso de audiencias allá, no ha habido un espacio para que los promoventes del amparo hayan hecho sus argumentos”, expresó.

Por otro lado, Zoé Robledo celebró que se abra nuevamente un espacio de análisis a todos los interesados en participar en las audiencias públicas sobre la Ley de Propaganda Gubernamental.

Asimismo, reiteró la necesidad de definir cómo se cumple la omisión legislativa que derivó en una sentencia de la Corte.

“Con una emisión de la ley, es la emisión de la ley lo que cumplimenta la omisión legislativa; no el inicio del proceso, no su discusión en comisiones, ni siquiera que llegue el pleno, es la emisión de la ley”, argumentó.

Además, subrayó, se tienen que atender las omisiones que generó la omisión, es decir, todos los criterios que tienen que ver con asignaciones basadas en idoneidad, máxima publicidad, tanto el Gobierno, como en los medios, transparencia respecto a los padrones de medios, mediciones de audiencias, circulación, visitas, ratings, contenidos de utilidad pública, propaganda gubernamental que sea identificable, pluralidad y diversidad, mecanismos de control y uso racional.

Finalmente, apuntó que la consecuencia del desacato, tratándose de un juicio de amparo y teniendo como fuente de interpretación el Código Penal, la pena es de cinco a diez años de prisión, separación del cargo e inhabilitación de cinco a diez años.