Jueves 29 de marzo del 2018

Relegada en México la justicia para personas sordas, acusa diputada

La diputada federal María Luisa Beltrán Reyes acusó que en México la justicia para personas sordas queda relegada a interpretaciones que da el perito especializado, pues “lamentablemente se han dado casos en los que debido al desconocimiento que se tiene de la Lengua de Señas Mexicana, la traducción no es la correcta”.

Beltrán Reyes explicó que habitualmente el intérprete, en su carácter de perito o auxiliar de la justicia, es una persona ajena o sin conocimiento sobre litigio judicial.

Esto se corrobora con la mención de la Federación Mundial de Sordos, que afirma: “las barreras que limitan su acceso a la justicia y a los servicios de gobierno son mayores que las inherentes a otras discapacidades”, siendo principalmente la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana con conocimientos jurídicos.

Por ello, la legisladora impulsa una reforma al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer que cuando dicha interpretación se dé en un contexto de conflicto, como en un juicio, todas las partes interesadas tengan derecho a registrar la traducción en video y demandar el peritaje correspondiente.

La iniciativa señala que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las personas que presentan dificultades para escuchar, aun con aparato auditivo, rondan el 33.5 por ciento del total de la población.

Por grupo poblacional, ésta representa el 13.4 por ciento del total de niños de 0 a 14 año; 18.5 por ciento de las personas de 15 a 29 años, 24.2 por ciento de 30 a 59 años, y 46.9 por ciento de 60 años y más. Entre las principales causas de sordera está alguna enfermedad, seguida de sordos por nacimiento y por accidente.

“Las personas sordas son un grupo de la población que padecen estigmatización como personas con discapacidad que requiere de una rehabilitación o intervención clínica, asumiendo con ello que la sordera es una patología que requiere de una intervención terapéutica para, paulatinamente, ser oralizados sin considerar que los sordos cuentan con un lenguaje y una cultura propia, tal como la tienen las comunidades indígenas del país”, enfatiza el texto.