Viernes 23 de febrero del 2018

Aumenta exigencia a la PGR para que investigue millonario desvío de dinero en SEDESOL Y SEDATU

Los senadores del Partido Acción Nacional demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar, con total imparcialidad, el presunto desvío de recursos por más de mil 300 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2014 y 2016, mediante “empresas fantasma”, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, la bancada panista solicitó aplicar las medidas necesarias por las responsabilidades en las que hubieren incurrido los servidores públicos implicados.

Mediante un punto de acuerdo impulsado en la sesión ordinaria de este jueves, pidieron también que el Senado exhorte a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a informar sobre las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que presuntamente están relacionados e involucrados con el desvío de recursos.

En otro resolutivo, los senadores de Acción Nacional propusieron que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acuda a una reunión de trabajo ante esta Soberanía para explicar el presunto desvío de recursos detectado durante su encargo al frente de la Sedesol y Sedatu, entre los años 2014 y 2016, con el propósito de abonar a la transparencia y a una adecuada rendición de cuentas.

En el texto de la proposición, los senadores del PAN recordaron que de acuerdo con un diario de circulación nacional, la ASP detectó en tres auditorías de carácter forense supuestos desvíos por mil 311 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, hechos mediante universidades y televisoras públicas, utilizando presuntos esquemas de desvío de dinero, operados a través de convenios para la prestación de diversos servicios.

Asimismo, en dicha auditoría se conoció que, para el desvío de recursos, las instituciones subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, según información del diario, al menos 13 son “empresas fantasma”, expusieron.

Aunado a ello, abundaron, se detectó que del total de la cantidad desviada, 37.1 millones de pesos se destinaron a “Monex”, dinero que se utilizó para transferirlo a cuentas en otros países como son China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos, a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte.

Además, la cantidad de 28.9 millones de pesos fueron transferidos a “CI Banco”, que se utilizó para depositarlo a cuentas de America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán, indicaron.

“La forma de desviar recursos que presuntamente se realizó en dicha dependencia, consiste en entregarle contratos millonarios a dependencias públicas; entre las empresas, muchas de ellas son fantasma detectadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no tener oficina ni empleados, o con domicilio fiscal simulado o inexistente, o que se dedican a actividades diversas en relación con el objeto del contrato”, señalaron.

Dicha información está relacionada con la publicación de la Estafa Maestra, investigación hecha por un portal de información, en donde señala los presuntos desvíos realizados en SEDESOL, y ahora en SEDATU, hecha a través de “empresas fantasmas”, dependencias y universidades públicas, expusieron.

Los senadores panistas subrayaron que, conforme al artículo 109 de la Constitución, los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado podrán ser sancionados mediante juicio político, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Señalaron también que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SFP cuenta con las atribuciones y facultades necesarias para investigar el desvío de recursos, establecidas en el artículo 37 de dicho ordenamiento.

Además, destacaron que el artículo 67 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece que en caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, deberá presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías.