Lunes 22 de enero del 2018

Sigue documentando la CNDH graves responsabilidad de los tres niveles de gobierno en México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 77/2017 al secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Jesús de la Garza Díaz del Guante.

La Comisión Nacional se allegó de evidencias suficientes en el expediente CNDH/2/2014/7211/Q y su acumulado CNDH/2/2015/2937/Q, para acreditar que el 13 de octubre de 2014 dos hermanos de nacionalidad estadounidense salieron del domicilio de su padre, ubicado en el poblado Control, municipio de Matamoros, Tamaulipas, para reunirse con su hermana, también de nacionalidad estadounidense, quien se encontraba en compañía de un mexicano a inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, conocido como “Puente Internacional Los Indios”, ya que luego se dirigirían al domicilio de los mismos, situado en Progreso, Texas, Estados Unidos, pero fue el caso que debajo del Puente, estas cuatro personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad por servidores públicos de la Primera Zona Naval de la Secretaría de Marina (SEMAR) y policías del denominado Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros (“Grupo Hércules”, conformado a instancias de la alcaldesa municipal en funciones en la época de los hechos), quienes además incautaron tres vehículos propiedad de los detenidos.

La Comisión Nacional constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria, en razón de que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo. También acreditó que todas las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas, siendo que no se logró localizar ni conocer su ubicación, sino hasta el 29 de octubre del mismo año 2014, cuando fueron encontrados los cuerpos sin vida de quienes resultaron ser los cuatro desaparecidos, presentando “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.

La detención arbitraria de las víctimas, perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya llevado a cabo la detención, configuran los elementos del hecho violatorio de la desaparición forzada de las cuatro personas.

De igual manera, las características, objetos y forma en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, resulta de gran importancia para concluir que la última vez que se les vio con vida, fue en el momento en que fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina y del Grupo Hércules, lo que indiciariamente los hace responsables de su desaparición; esto concuerda con el dicho de los testigos que identificaron la vestimenta que portaban las víctimas, que corresponde a las prendas con que fueron encontrados el 29 de octubre de 2014, así como la manera en que los servidores públicos responsables de la detención arbitraria realizaron su aseguramiento.

Asimismo, del análisis efectuado a las evidencias recabadas por la Comisión Nacional y a los informes periciales de la Representación Social de Tamaulipas, permitió determinar a esta Institución Nacional que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y de origen violento, toda vez que fallecieron por traumatismo craneoencefálico con fractura producido por proyectiles de arma de fuego, esto es, que hubo ejecución arbitraria.

Además, en los informes médico-legales realizados por peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, dentro del lapso de cronotanatodiagnóstico, existe una correlación de su muerte con la fecha en que fueron privados de la libertad.

Tras analizar el caso, este Organismo Nacional contó con elementos que permiten determinar las violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas y del derecho a la verdad en agravio de sus familiares, como víctimas indirectas, así como para establecer la probable responsabilidad de los elementos navales y del denominado “Grupo Hércules”, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria de los occisos; esta situación aún continúa siendo investigada y pendiente de determinar por el Ministerio Público Federal.

De igual manera, también tendrá que ser investigada la actuación de los elementos de la Policía Federal que presenciaron la detención, pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a su superioridad.

Por todo lo anterior, la CNDH recomienda a las cuatro autoridades destinatarias de la Recomendación procedan, de manera coordinada, a la reparación integral del daño de las víctimas indirectas de los hechos (familiares de los agraviados), en términos de la Ley General de Víctimas, así como para que se les otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran. También deberán proporcionar a la Procuraduría General de la República toda la información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo.

Colaborar en las denuncias y quejas que este Organismo Nacional presente ante diversas instancias, a fin de que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas que correspondan por las violaciones a derechos humanos cometidas, impartir cursos de capacitación con énfasis en las disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y en los deberes que tienen los servidores públicos con respecto a la denuncia de ilícitos, así como dirigir una circular a los servidores públicos que realicen labores de seguridad pública, para que en el desempeño de su encargo actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

De igual forma, al Gobernador del Estado de Tamaulipas se le está solicitando el cumplimiento de las propuestas contenidas en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender integralmente el problema de la desaparición forzada de personas en Tamaulipas y conjuntamente con el Presidente Municipal de Matamoros, se les está pidiendo la observancia y cumplimiento de lo previsto por la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La presente Recomendación, que ya fue notificada a sus destinatarios, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.