Jueves 11 de enero del 2018

Se desgañitan en el Congreso para que los gobernadores cumplan, pero ni los pelan

La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a las entidades federativas que cuentan con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a que en el marco de sus respectivas atribuciones, difundan la información general y estadística sobre los casos, a fin de promover la transparencia de datos.

El documento señala que a pesar de las cifras que se recolectan y forman parte del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, éste no cuenta con información explícita sobre los casos de feminicidios en las diferentes entidades que lo conforman.

“Desde hace muchos años se observa que las conductas misóginas y machistas han evitado que la problemática existente se vea como un fenómeno que involucra a todos los ámbitos (social, económico y político); incluso, se cree que son las mujeres las responsables de su victimización, ocasionando que la sociedad y el Estado se desvincule del fenómeno”, explica la propuesta.

El punto de acuerdo de la Primera Comisión de la Permanente -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- comenta que actualmente existen diversas asociaciones e instituciones que se encargan de llevar un registro sobre violencia hacia las mujeres. Tal es el caso del Inegi por medio de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, herramienta que en 2003 dio la pauta para dimensionar el fenómeno a nivel nacional y por entidad federativa.

Precisa que, con base en datos de dicha encuesta en 2011, en México, 47 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja; 43 por ciento de las mujeres sufrió violencia emocional; 24.5 por ciento violencia económica; 14 por ciento violencia física, y un 7.3 por ciento violencia sexual.”

Aunado a los tipos de violencia, definidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe la forma extrema, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas; es decir, la violencia feminicida fundamenta la propuesta.