Jueves 4 de enero del 2018

Chiapas, Sonora, Jalisco y Michoacán no han actualizado el atlas de riesgo

Con el propósito de fortalecer la gestión integral de riesgos ante desastres naturales, el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro presentó una iniciativa para establecer la obligatoriedad de actualizar los atlas de riesgo nacionales, estatales y municipales por lo menos una vez cada tres años.

En su propuesta, plantea reformar la Ley General de Protección Civil y a la Ley General de Cambio Climático, toda vez que la legislación actual prevé que debe actualizarse, pero no específica un periodo para tal efecto, por lo que hay rezagos en algunos estados de hasta diez años.

El senador panista, secretario de la Comisión de Protección Civil, indicó que a la fecha Chiapas, estado que resintió recientemente daños derivados de varios sismos en el mes de septiembre con graves daños, la última actualización del atlas de riesgo corresponde al año 2007.

Asimismo, añadió, existen otras entidades federativas que cuentan con atlas de riesgo que no se han actualizado en por lo menos diez años, como son Sonora, Jalisco y Michoacán; en tanto, otras como Quintana Roo y Baja California Sur hicieron su última actualización en el año 2016.

El senador por Baja California Sur explicó que el papel de diversos organismos es fundamental para llevar a cabo una prevención en varios sentidos, pero existen además los atlas de riesgos para efectuar evaluaciones en asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables.

Lo anteriro, dijo, contribuye a determinar los actuales y futuros escenarios climáticos o en casos de desastres naturales a nivel nacional, estatal y municipal.

El senador Juan Fernández consideró necesario establecer la obligatoriedad de la actualización de los atlas de riesgo cada tres años “pensando que la actualización coincida con el cierre de administración de los municipios”.

En lo que corresponde a las entidades federativas y de la federación, el objetivo, añadió, es que se “haga por lo menos una actualización a la mitad de la gestión y una al final del periodo de seis años, con lo cual se fortalecería la gestión integral de riesgo”.

Puntualizó que entre las medidas y acciones a las que se refiere la Ley General de Protección Civil, la prevención es una de las principales a las que debe abocarse la autoridad competente en materia de protección civil, ya que la importancia que representa al momento de enfrentar un desastre de carácter natural es fundamental.

La iniciativa, presentada en la sesión del 14 de diciembre, fue turnada a las comisiones unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.