Martes 10 de abril del 2018

Ya ratifique el protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso de 1930

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al Gobierno mexicano para ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor el 9 de noviembre de 2016.

Al presentar el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que se plantea una política pública, porque las normas nacionales e internacionales ya están, pero no bastan; ahora falta voluntad política para materializarlas.

Destacó la importancia de que las autoridades federales y locales del Trabajo comprendan que las jornaleras y los jornaleros agrícolas del país se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que los hace susceptibles a ser víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajos o servicios forzosos, y que tienen los mismos derechos que las víctimas de otras modalidades de explotación a ser identificados, rescatados y atendidos de manera integral.

Señaló que dichas autoridades actúan bajo la inercia de costumbres de las regiones que por muchos años han generado la intervención de los llamados “enganchadores”, quienes tras hacer una oferta de trabajo a grupos de jornaleras y jornaleros agrícolas se encargan de sus traslados, que se dan en condiciones peligrosas la mayor parte de las veces; de sus alimentos, insuficientes y de mala calidad; de las zonas de pernocta, indignas e insalubres; de su nula seguridad y su retorno a lugares de origen, en condiciones de hacinamiento, sin que autoridad alguna supervise la actuación de tales “contratistas” y/o patrones.

Enfatizó que a las víctimas de trata de personas en los trabajos o servicios forzados no se les ve igual que a una víctima de trata con fines de explotación sexual, para la que no existe una resistencia tan evidente sobre su rescate.

“Inspeccionar un campo agrícola y ver a un hombre o mujer trabajando en condiciones indignas, peligrosas, bajo amenazas de retención de sueldos, tendría que tener el mismo nivel de acción y respuesta por parte de las autoridades que el encontrar a una mujer víctima de trata de personas en los operativos implementados en algún bar u hotel”, aseguró.

Acompañado por el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa, González Pérez consideró indispensable la acción coordinada y corresponsable inmediata de las autoridades involucradas en la prevención y procuración de justicia que, ante la existencia de casos de trata de personas, dejara de actuar bajo el principio de debida diligencia para prevenir la esclavitud y la trata de personas en el país.

Destacó la disparidad de resultados obtenidos en el estudio presentado, derivada de las respuestas de las autoridades del trabajo federales y locales a las solicitudes de información de la CNDH, y precisó que ello representa un reto al combate a la trata de personas a que el Estado mexicano se ha comprometido, y puso en relieve que, en su mayoría, las y los inspectores del trabajo no consideran que tienen la obligación de detectar y denunciar posibles casos de trata de personas, y quienes sí las identifican no cuentan con el apoyo institucional para realizar esa labor.

Respecto del grado de colaboración de las autoridades laborales para este estudio, el Ombudsman nacional explicó que fue disímil, ya que 21 autoridades dieron respuesta a la solicitud de información, 5 contestaron en términos generales, cuatro agruparon una serie de preguntas a las que dieron respuesta genérica y tres no proporcionaron información (Querétaro, Tabasco y Michoacán).

Tras mencionar que si bien en recientes fechas se ha buscado avanzar por parte de las autoridades del trabajo en el mejoramiento de las condiciones labores de las y los jornaleros agrícolas y se han detectado mayores acciones para la erradicación del trabajo infantil y la creación de protocolos, esto dista todavía de considerarse como una política pública integral, y sobre todo, que sea aplicable en todas las regiones del país, dio a conocer algunas propuestas entre las que destacan que el Gobierno mexicano ratifique el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la OIT; elaborar, institucionalizar e implementar en los ámbitos federal y estatal protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También, impulsar desde la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo el diseño e implementación de metas e indicadores de cumplimiento para la prevención y detección de posibles casos de trata de personas, con énfasis en centros de trabajo agrícola; presencia más activa de la STPS y autoridades laborales locales en las Comisiones Intersecretariales en materia de trata de personas; garantizar la capacitación de las y los inspectores del trabajo y promover la elaboración de estudios y diagnósticos estatales y regionales para profundizar las información sobre la población jornalera y los riesgo que enfrenta.

La debida inspección y prevención de la trata de personas y su explotación –añadió el Ombudsman nacional— contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y permite romper con círculos no sólo de pobreza, sino también de violencia, y da herramientas para atacar directamente los factores que permiten que la trata de personas se convierta en parte de la vida cotidiana.

Posteriormente el Estudio fue comentado por Gerardina González Marroquín, directora de la Organización Internacional del Trabajo en México; Margarita Nemecio Nemesio, Coordinadora Nacional de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas; Mayra Rojas Rosas, Directora del Colectivo contra la Trata de Personas, Ruth Delgadillo Martínez, Responsable del Programa contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México; y el Diputado Armando Luna Canales, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

González Marroquín destacó la urgencia de crear en México un Plan Nacional para la lucha contra el trabajo forzoso con enfoques de derechos humanos y equidad de género, de adaptabilidad e interculturalidad, inclusivo y que considere el desarrollo humano con redes de cuidados a los niños, personas adultas mayores y personas enfermas.

Sostuvo que éste es un trabajo que nos compete a todos los sectores, no solamente de gobiernos o a organizaciones de la sociedad civil, sino también a los trabajadores, empresarios, empleadores, que debemos unir en la tarea toda la infraestructura legal con que el Estado cuenta y las herramientas internacionales existentes.

Indicó que la pobreza que lleva al trabajo forzoso tiene cara de mujer; de mujer joven, mujer indígena y cara de madre adolescente; señaló que 70% de casos de trabajo forzoso corresponden a mujeres, lo que es inadmisible en una sociedad moderna.

Por su parte, Mayra Rojas Rosas felicitó a la CNDH por el esfuerzo de casi tres años para elaborar el Estudio que arroja datos muy importantes, ya que aborda y visibiliza nuevas formas de trata de personas, porque hasta el momento sólo se había dado énfasis de la trata sexual cuando en nuestro país más del 30% de los casos de trata son de otro tipo que permanecen ocultos.

Esta vertiente de jornaleros agrícolas, dijo, descubre el alto porcentaje de mexicanos que trabajan en el campo en condiciones inhumanas. Aseguró que se ha duplicado el número de jornaleros que ya supera los 5 millones de trabajadores del campo que reciben un salario mísero.

Pronosticó que, en el corto plazo, los hijos de esos campesinos, aproximadamente 15 millones de jóvenes, no tendrán acceso a la tierra, porque ya se repartió toda y no podrán vivir del fruto de su trabajo, por lo que va a aumentar el número de compatriotas que caiga en las redes de la trata de personas.

México tiene leyes maravillosas y derechos humanos nacionales e internacionales, pero a la hora de operarlos en la práctica no funcionan. Por usos y costumbres, el peso de la burocracia o falta de compromiso para crear una política real que no asiente la problemática con marcos teóricos que no nos permiten avanzar.

Ruth Delgadillo Martínez indicó que dicho estudio es un parteaguas que permite visibilizar de otra manera la trata de personas con fines de explotación laboral en los campos agrícolas. Indicó que la propuesta de tener un padrón de los campos, contratistas, reclutadores y empresas, da pauta para que, desde una perspectiva de derechos humanos y género, las empresas se apeguen a un sistema normativo que garantice la legalidad de una oferta laboral y el reclutamiento para la misma.

Por su parte, Margarita Nemecio Nemesio señaló que las rutas de contratación se han incrementado y que muchas de ellas las desconocen los trabajadores, lo que lleva a un debilitamiento de las condiciones en que se pacta este tipo de trabajo y que es condicionante para caer en temas de explotación y trata de personas por reclutamiento forzado.

Destacó que el mecanismo de contratación informal, a través de cartulinas en rutas específicas que ofrecen trabajo a la población, servicios de salud y alojamiento, es lo que incentiva y fomenta las condiciones de explotación, La misma población señala que acude a los mercados de gente en estos tiempos; la población jornalera sabe que por su mano de obra va a ser reclutada, adquirida, controlada, y al final sabe que es la única alternativa.

En tanto el Diputado Luna Canales, mencionó que dicho estudio hace visible el problema, el cual es cercano en muchos aspectos de nuestra vida. Insistió en que la conciencia se viene arrastrando desde la Colonia, donde los patrones justificaban tener a los trabajadores en condiciones precarias a cambio de darles trabajo. Indicó que aún existe esa creencia, la cual hay que erradicar y generar conciencia en las autoridades para eliminar esta problemática.

Este Estudio, que ya fue debidamente notificado a todas las autoridades laborales federales y estatales, que será debidamente notificado a todas las autoridades del trabajo federal y estatales, puede consultase en la página www.cndh.org.mx