Miércoles 04 de octubre del 2017

Piden senadores del PT-MoReNa no ratificar a 18 magistrados que propone Peña Nieto

Los senadores del PT y MoReNa emitieron un pronunciamiento para anunciar su oposición a que este órgano legislativo ratifique a los 18 magistrados especializados en materia de servidores públicos designados por el presidente Enrique Peña Nieto.

Y para fundamentar su posición, dieron a conocer las siguientes considraciones:

El Estado mexicano lleva años desgarrado por un proceso de descomposición política provocado por la corrupción: Con casos de atracos vergozantes al Erario Público desde gobierno federal como la llamada “Estafa maestra”; con gobernadores que después de saquear y endeudar la hacienda local, se les permite fugarse para negociar después con el poder su entrega a los tribunales; con muchas corporaciones policiacas débiles, ineficaces o abiertamente coludidas con los criminales; con un sistema de justicia que es una auténtica fábrica de impunidad que no provee seguridad a los ciudadanos en su familia o patrimonio; con grupos de la delincuencia organizada secuestrando, extorsionando y asesinando en prácticamente todo el territorio nacional; con periodistas amedrentados o asesinados por denunciar la violencia de la criminalidad organizada; con autoridades indolentes o incapaces que no investigan la desaparición de una mujer porque asumen que se fugó con el novio o que se la llevaron por usar una falda corta; con tragedias como el socavón en el Paso Express, en Cuernavaca, que dolorosamente nos mostró que la corrupción en la obra pública puede privar de la vida a dos hombres trabajadores, pero no puede privar de su puesto a un Secretario de Estado amigo del Presidente.

En fin, después de casi 5 años en lo que va de esta administración, México es un país más inseguro, más corrupto, más violento, más desigual y con menor calidad de vida para sus ciudadanos.

Este caudal cotidiano de males provocado por la corrupción es alimentado por la impunidad; la falta de sanción ante el acto corrupto alienta al funcionario venal e inescrupuloso a volver a cometerlo.

Como una respuesta a este grave problema es que se gestó la reforma constitucional en la que se estructuró el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Un componente fundamental de dicho Sistema lo constituyen los Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas. Estos Magistrados, ya sea en la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus Salas Regionales tendrán, entre otras atribuciones, competencia para sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Como puede verse, estos juzgadores constituyen una autentica Magistratura Anticorrupción en materia Administrativa.

Conforme a los párrafos séptimo y noveno del artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal debió enviar para su ratificación o no por el Senado, tres Magistrados designados para la Tercera Sección de la Sala Superior y tres Magistrados designados para cada una de las cinco Salas Regionales Especializadas, un total de 18 Magistrados, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de dicha ley; es decir, a más tardar el 30 de abril de 2017.

Sin embargo, en un proceso absolutamente opaco, discrecional y de espaldas a la sociedad, el Presidente de la República designó y envió al Senado para su ratificación a esos 18 Magistrados el 25 de abril pasado, apenas cinco días antes de que feneciera el plazo legal para remitir tales designaciones.

En cinco días el Senado no podría realizar un escrutinio amplio, abierto y eficaz requerido para determinar si el perfil de cada uno de los 18 Magistrados designados debía o no ratificarse en razón de su capacidad, idoneidad e independencia para ejercer el cargo.

¿Por qué el Presidente de la República realizó estas designaciones sin ningún procedimiento público, abierto y transparente que abonara al necesario consenso con que deben contar estos jueces anticorrupción? ¿Por qué el Presidente de la República decidió afectar la eficacia del control parlamentario del Senado sobre tales designaciones al enviarlas de último momento, cuando tuvo al menos nueve meses posteriores a la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para realizarlas?

La respuesta a estas preguntas la encontramos al revisar los perfiles de las designaciones realizadas por el Presidente de la República: Más de la mitad tienen relación con el PRI o con el PAN; hay quienes fueron candidatos a cargos de elección popular por alguno de estos partidos políticos, otros que fueron dirigentes partidistas u ocuparon altos cargos en administraciones locales o federales de ambos partidos.

La designación de estos juzgadores encargados de sancionar administrativamente los hechos de corrupción no fue producto de un proceso que garantizará su independencia de la clase política a la que seguramente van a enjuiciar; todo lo contrario: se busca que esta naciente Magistratura esté atada y en permanente deuda con el grupo de intereses que tejió su designación. No se trató de un proceso democrático sino de acuerdo cupular para asegurar la futura impunidad de los participantes en el mismo.

Las designaciones así realizadas de los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas no sólo dañan la funcionalidad y fines del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que también ha dañado severamente uno de los pilares sobre los que se edifica un sistema democrático: contar con juzgadores autónomos e independientes que ejerzan su jurisdicción de manera imparcial para sancionar ejemplarmente al funcionario corrupto que se aprovecha de su cargo en beneficio propio.

Es por eso que, en ejercicio de la función constitucional de control parlamentario que corresponde a este Senado, el mismo no debe ratificar los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos designados el 25 de abril de 2017 y el Titular del Ejecutivo Federal debe realizar tales designaciones mediante un procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al Senado para su evaluación y este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento abierto.

Lo que está en juego en el procedimiento de designación de estos 18 Magistrados Especializados es la funcionalidad del Sistema Nacional Anticorrupción: Ser un instrumento para encubrir la corrupción política y proteger con impunidad a varios integrantes venales de la élite gobernante y económica; o convertirse en un medio eficaz para extirpar de la función pública el abuso del poder público para el beneficio privado.

La primera opción beneficiaría a los grupos de interés que indebidamente se enriquecen a costa de la hacienda pública; la segunda contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y a la urgente construcción del Estado de Derecho que la sociedad mexicana requiere. Nosotros, en MORENA, lucharemos por esta última vía.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO: El Senado de la República se pronuncia por no ratificar las designaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Federal de 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviadas el 25 de abril de 2017, por no reunir los requisitos de independencia, autonomía e imparcialidad en sus perfiles ni de transparencia en su designación.

SEGUNDO: El Senado de la República solicita al Presidente de la República realizar nuevas designaciones de los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas, mediante un procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al Senado para su evaluación y este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento abierto.