Sábado 25 de noviembre del 2017

Valiente senadora restregó documentos que fundamentan el hartazgo social por la brutal corrupción que carcome a México

El jueves pasado la senadora Adriana Dávila Fernández expresó fuertes palabras que muchos legisladores aplaudieron por considerar que están apegadas a la realidad, pero que no se difundieron en los medios informativos con el valor social que contienen, a pesar de los documentos que casi restregó en el rostro del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para demostrar la brutal corrupción que arrastra este sexenio que encabeza el presidente Enrique peña Nieto.

Por su importancia, aquí las palabras textuales pronunciadas desde la tribuna parlamentaria por la senadora Adriana Dávila Fernández, durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno en materia de política interior y seguridad

“Quiero primero decirle que me dirijo al secretario de Gobernación de este país, no a Miguel Ángel Osorio Chong, creo –como usted—que la demagogia no sirve de nada si no hay acciones contundentes, pero también creo que hay ciertas responsabilidades que los cargos públicos nos dan.

Actualmente, México atraviesa por una de sus etapas más críticas de los últimos tiempos en materia de seguridad.

A cinco años de que este Senado de la República colaboró para concretar reformas fundamentales en materia impartición de justicia, seguridad pública y protección a derechos humanos, tenemos un resultado que nadie deseaba: un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por su inacción y complacencia; resultados magros en materia de seguridad; y una sociedad que justificadamente no cree en sus autoridades por los altos índices de impunidad y corrupción.

En principio es preciso establecer que las reformas en materia del sistema acusatorio y de derechos humanos, esas que aún sostienen la posibilidad de que México pueda revertir estas crisis de inseguridad, fueron concretadas desde el sexenio pasado.

Ahora, remontémonos al 2013, en esta administración cuando, en contra de lo que muchos de nosotros opinábamos, se realizaron reformas en materia de política interior, principalmente en lo relativo a la centralización de las facultades conferidas anteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública federal para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación.

Hace unas semanas, el Presidente de la República pretendía hacer una apología de los pobres resultados en materia de seguridad, reduciendo al absurdo el argumento real de que uno de los grandes males en este país era la corrupción y decía: “si hay un choque aquí en la esquina: ‘ah, fue la corrupción´”, en efecto, señor secretario, la corrupción, esa que el Gobierno federal minimiza, en realidad es un mal que evita el combate efectivo de los delitos; trasgrede y vulnera a la sociedad de muchas formas.

Pensar que únicamente ésta tiene lugar a partir de un pago para obtener algo de forma ilegal es una visión miope y limitada, son muchas las formas de cometer actos de corrupción y sus consecuencias.

Otra muestra del daño que puede causar la corrupción la he conocido en virtud del encargo que tengo como presidenta de la Comisión de Contra la Trata de Personas y que tuve la oportunidad de enfrentar, pero también de padecer: La gran simulación del combate contra la trata de personas –y agradezco que estén aquí los responsables de las áreas de la Secretaría de Gobernación--, porque esta simulación a través de adulaciones pagadas a una sola activista que tiene el monopolio de la crítica o del aplauso a los gobiernos, y que además se llevó y se redujo al término de que es un pleito de carácter personal, realmente tiene un señalamiento muy claro, señor secretario, es: “si pagas cualquier contrato que yo te dé, entonces mereces premio, si no lo pagas, entonces serás acusado de tratante”, todo es cuestión de entrarle a la simulación, este funcionamiento es muy fácil.

Hemos cambiado el “copelas o cuello” a “accedes o te conviertes en tratante”. ¿Cuál es la consecuencia? El resultado es que basado en un premio otorgado – que además la propia Organización de las Naciones Unidas ya señaló que no tiene ni otorga premios--, los gobiernos tanto federal como estatales, dejan de dirigir esfuerzos y recursos para un fin preventivo, “total, ¿para qué si ya compró un premio que dice que combato el delito”, pero, además, lo dicen, de trata de blancas, con la ignorancia del uso de términos arcaicos, porque ni siquiera conocen lo que es la trata de personas.

Entonces, vemos cómo la erradicación del delito, la investigación y la búsqueda de la justicia quedan de lado en virtud de que ya alguien sin ninguna calidad de autoridad, realiza una supuesta certificación a cambio de algo más.

Entonces, el caso que le expongo del Presidente de la República, no es el choque de la esquina que refiere el Presidente, es un hecho real que acontece a diario, de forma cotidiana y que daña y vulnera el Estado de derecho, generando impunidad, tráfico de influencia y más delincuencia.

Mal ejemplo el del choque, por cierto, si algo de esas características se dieron, es por alguien que cometió una infracción.

Los anteriores hechos, por cierto, los haré del conocimiento de las instancias correspondientes en materia penal y por cierto también de responsabilidades de los servidores públicos, que presentaré en los siguientes días estas denuncias.

Quiero decirle, señor secretario, lo siguiente: éste es el análisis y evaluación de la Comisión Intersecretarial 2015, que llegó un año después, del 2016 ya ni hablamos porque sólo se cambió de acuerdo a la secretaria técnica, por cierto, un nombramiento que no es correcto de la misma Comisión, el término de “víctimas” por “posibles víctimas” y de “sentencias” por “sentencias de primera instancia”, hago entrega, señor secretario, porque tengo la seguridad o la certeza de que no le dieron información y quiero que me pasen la primera lámina, por favor.

Le voy a dar algunos nombres para ver si los conoce: Emma Gabriela Molina Canto, Yucatán; Mara Fernanda Castilla Miranda, Puebla; Guillermina Parrilla Santiago, Tamaulipas; Carmen Obispo Hernández, Tamaulipas; Anayetzin Damaris, Ciudad de México; Yazmín Contreras López, Tlaxcala; quizá aquí nadie sepa quiénes son ellas, todas ellas son víctimas de un delito llamado feminicidio, señor secretario.

Déjeme decirle que en el caso concreto del estado de Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, se le dictaron medidas precautorias en 2016, pasó un año y en marzo de 2017 fue literalmente asesinada, víctima de feminicidio afuera de su casa; hasta la fecha, tenemos problemas para la reparación del daño.

Quiero decirle que en el informe que le entregué, la Comisión Intersecretarial entrega cuatro datos cotejados con algunas auditorías: 2013, víctimas 6 mil 655, 439, 2115 y 460 víctimas de trata de personas, aparentemente rescatadas; ¿sabe cuántas fueron atendidas?: cero, señor secretario, ninguna, ni reparación de daño ni atención de primera instancia, pero le voy a dar otros nombres que quizá sí conozca: Alejandro Orozco Rubio, Emilio Orozco de la Garza, Pablo Orozco de la Garza, Germán (inaudible) Barajas, por cierto que ya murió y que sigue apareciendo como representante legal de algunas asociaciones y empresas, Teresa (inaudible), que tiene por cierto un proceso de “coyotaje” en la delegación Cuauhtémoc; Mariana Ruenes y Madahí Morales Alvino, todas ellas, todos ellos, dueños, representantes de empresas, fundaciones, marcas registradas e instituciones educativas, todos ellos que aparecen en esta primera lámina.

Y quiero que pasemos a la segunda lámina, señor secretario, que usted la verá. Los giros que tienen estas familias, tan sólo de estas empresas, que le entregaré copia y que entrego también copia de los contratos que aquí están y que son de carácter público, tan sólo en estas empresas se le dio a la familia Orozco de la Garza algo así como 13 millones 930 mil 333 pesos de contratos de adjudicación directa, que por cierto debo decir rebasan la adjudicación directa, es decir, los montos de la adjudicación directa; 13 empresas invitadas con un dato que le adelanto, curiosamente las tres empresas por los mismo representantes legales. ¿Cómo se le llama a esto? Se llama corrupción, señor secretario.

Eso, dos millones y medio a un hijo; un millón 670 a otro; --¿la segunda lámina ya está puesta?--, tres millones 433 a otro; un millón 746, etcétera, etcétera, etcétera.

Apoyos dados desde la Secretaría de Economía, desde el Fondo del Emprendedor del Gobierno del Distrito Federal, desde la Casa de Moneda, desde el Fondo de Desarrollo Social, sin contar, además, señor secretario, todos los inmuebles otorgados por el SAE, Sistema de Administración y Enajenación de Bienes que se le dan a una sola Asociación Civil, o a dos, con los mismo dueños. 11 millones 524 mil pesos de propiedades para una sola persona.

El tema es, señor secretario, por qué entonces el informe dice de tantas víctimas y la CEAV dice que hay cero víctimas.

No entiendo de dónde el SAE otorga esos bienes, genera esos bienes y establece esos temas. Señor, la palabra es muy simple, se le llama corrupción.

No le voy a dar más datos de otros estados, porque los únicos que pudimos conseguir por transparencia fueron los del Gobierno federal. Aquí está la relación y contrato por contrato de cada una de esas empresas.

No es un tema personal, señor secretario, soy presidenta de una Comisión. Aquí está el número de viajes que realiza la señora Orozco junto con sus hijos, junto con sus parientes, junto con los temas, es más, nos representa diciendo que tenemos el mejor modelo en materia de trata de personas, de atención a víctimas, las cuales son literalmente explotadas, porque a costa de ellas se está viviendo de este tema.

Y si a ese tema, estoy hablando de todos los estados, y ahorita no se preocupe, porque yo no tengo en este momento partido, para aquellos que piensan es un tema personal. Este tema y estas empresas, señor secretario, que le pido que evidentemente investigue, de estas asociaciones, porque también seguramente conocerá estos inmuebles que no está identificados, de asociaciones como Reintegra, Fundación Camino a casa, Casa sobre la Roca, etcétera, etcétera, son a cambio de lo que usted va a ver a continuación: un premio entregado en el año 2014 por su lucha contra la trata de personas a Javier Duarte.

-Interrupción-

Sí, yo le agradezco, esto no es un tema personal, sólo quiero aclararlo, señor presidente de la Mesa, porque este es un tema de contratos dados por la administración pública federal y dados de manera irregular por administraciones estatales y si es o no es competencia, no entiendo cómo.

Premio a Javier Duarte; premio a Borge; premio a Nacho Peralta, recientemente que entró, por su combate a la trata de personas o su ayuda en la campaña electoral; premio a Eruviel Ávila, con el mayor número de feminicidios; premio a Miguel Mancera; premio a Moreira; premio a Velasco; premio a Rafael Moreno Valle; premio a Elías Azar.

Todo esto, con el aval de los gobiernos, porque le demuestro en el informe que le acabo de dar que ninguna de las sentencias que están ahí son en materia de trata de personas. Ninguna de las sentencias que están ahí es en materia que corresponde a esto y resulta ser que hay más de 200 organizaciones civiles que están siendo invisibilizadas.

Mientras la señora va en una camioneta blindada, otorgada por el Gobierno federal o por el gobierno del estado de México, Emma Gabriela Molina Canto muere porque no se le dictaron medidas cautelares afuera de su casa.

No, señor secretario, no es un tema personal. Éste es un tema de datos y cifras que están ahí. Lamento mucho que la senadora integrante de la Mesa Directiva no lea siquiera lo que se le manda en los informes en los que ella misma planteó.

No es el tipo penal siquiera, señor, el que estoy discutiendo aquí. Son actos viles, son actos graves, son actos de corrupción que permiten que este gobierno, con esta asociación, que sólo es un ejemplo, como con muchas otras que se están avalando, sigan estos actos que nos están lastimando como país.

Debo decirle, señor, que hay organizaciones muy serias, las mismas que están abandonadas, a las que no se les hace caso, a las que no se les lleva a Dubái ni se les monta en camellos; a las que no se les lleva a cenas en Argentina, a las que no se les paga premios al Vaticano; a las que no se les da nada. Esas organizaciones, señor, están evidentemente en esta desprotección del Estado mexicano.

Yo quiero decirle a usted, señor secretario ―porque me parece que la senadora está bastante impaciente, pues ni modo, tiene que escucharme―, en los datos de transparencia, señor, están en los contratos que estoy presentando.

Le voy a dar el último dato, y con esto concluyo ante la impaciencia de mi compañera, el 6 de octubre de 2016, Alberto Kibrit recibe de parte de Alejandro Orozco de la Garza el Premio Hoja en Blanco por las donaciones económicas realizadas a esta asociación y a las fundaciones Casa sobre las Rocas.

¿Sabe quién es Alberto Kibrit, señor? Le voy a dar el dato: él fue fundador de la Expo sexo.

¿Tiene algo de malo que haya una Expo sexo? No, señor, yo no soy nadie para calificar la moral de nadie. Lo que sí es que antes se satanizó ese tema y cuando se le empezó a dar dinero a este tipo de personajes, de pronto desapareció la crítica, por obra y magia del Espíritu Santo.

Señor, le pido dos cosas. La primera: la entregaré todos estos documentos para que sean las áreas correspondientes las que investiguen y haré las demandas correspondientes por la responsabilidad posible de servidores públicos de las Administración Pública Federal, así como le pido a mis compañeros que revisen esas empresas, que estarán evidentemente en el resto.

Y también le pido, señor, que si algo me llega a pasar a mí en mi estado, por cualquier cosa, lo hago responsable de lo que esté sucediendo”.

Hasta ahí las palabras textuales de la valiente senadora Adriana Dávila Fernández y queden para la reflexión.