Domingo 05 de noviembre del 2017

Piden en el Senado a Peña Nieto informe de cumplimiento de exigencias de la ONU

La senadora Angélica de la Peña solicitó al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe sobre las acciones emprendidas en el ámbito de su competencia para promover el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, durante su visita a México en octubre de 2015.

En un punto de acuerdo, la senadora recordó que del 5 al 7 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, realizó una visita oficial a México por invitación del Gobierno Federal. Durante el transcurso de dicha visita de trabajo, se reunió con autoridades del más alto nivel de los tres poderes, incluido el Presidente de la República, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos.

En su declaración oficial, al término de su visita, el Alto Comisionado presentó el siguiente diagnóstico y anunció una serie de recomendaciones para el Estado mexicano, a las cuales haré referencia más adelante. El Alto Comisionado comenzó reconociendo que “ha habido desarrollos legislativos muy importantes, incluyendo la Reforma Constitucional de 2011 y las enmiendas que han pavimentado el camino para nuevas leyes generales que atienden dos de las más apremiantes problemáticas de derechos humanos: la desaparición forzada y la tortura”.

El funcionario de la ONU abundó y recordó que “estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura – no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestro”.

Añadió que “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado o bélico tradicional, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”.

En este contexto, después de presentar su diagnóstico, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entregó una lista de recomendaciones para el Gobierno mexicano y subrayó la necesidad de llevar a cabo las siguientes medidas clave:

1. Consejo Asesor: Establecer un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano.

2. Debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos.

3. Reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares.

4. Seguridad pública en línea con los derechos humanos.

5. Adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos.

6. Crear una institución nacional forense que sea autónoma e independiente.

7. Registro de todas las detenciones.

8. Garantizar independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo aquellos de administración y procuración de justicia e instituciones de derechos humanos.

9. Ratificación de instrumentos internacionales: a) Promover la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención; b) Firmar y ratificar todos los tratados Interamericanos de derechos humanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que están pendientes de ratificación.

10. Asegurar y monitorear la implementación, tanto a nivel local como nacional, de los estándares y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanos.

11. Garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada .

12. Políticas públicas en favor de las mujeres.

13. Medir el impacto de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos mediante la plena implementación de la metodología de indicadores.

14. Leyes generales sobre tortura y desaparición forzada.

“Con una óptica constructiva y en espera de que esas coincidencias puedan transformarse en reformas y cambios institucionales sustantivos que mejoren la vigencia y garantía de los derechos humanos en nuestro país, es que solicitamos este informe”, concluye la senadora Angélica de la Peña.