Jueves 02 de noviembre del 2017

Piden diputados a la SFP medidas inmediatas ante casos de mal manejo de recursos y corrupción

Los integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal se reunieron con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para conocer resultados y avances en las investigaciones en los casos de Odebrecht, contratos con universidades públicas, arrendamiento de una plataforma por Pemex en la sonda de Campeche, prácticas de construcción “corruptas e inmorales” en el Paso Exprés de Cuernavaca y hospital regional 36 del IMSS en Puebla.

La diputada Claudia Corichi García (MC), presidenta de la instancia legislativa, demandó a la SFP tomar medidas inmediatas cuando se presentan casos de eventual mal manejo de recursos y corrupción para evitar la prescripción, “por ser temas que no pueden esperar y han despertado la indignación de la sociedad mexicana”.

Resaltó la importancia de recobrar la credibilidad de los ciudadanos actuando de forma pronta y expedita para aclarar estos casos; “la gente quiere ver claros resultados en contra de la corrupción”.

Externó su preocupación por que el Poder Judicial detenga una investigación al concederle una suspensión definitiva a la empresa brasileña Odebrecht con efecto de que la SFP no emita las tres resoluciones correspondientes para pronunciarse, toda vez que interpuso un juicio de amparo, por ser un tema de connotación internacional muy delicado.

Al respecto, cuestionó la existencia de acciones judiciales que se puedan implementar para revertir esa suspensión.

Preguntó sobre los montos recuperados de los contratos con universidades públicas, que rebasan los 3 mil millones de pesos. “¿Cuál es la causa de que tardan tanto en investigar?” Señaló la necesidad de indagar a los funcionarios de primer y segundo nivel que están implicados e incurrieron en omisión.

El diputado del PRD, Francisco Xavier Nava Palacios, cuestionó sobre las investigaciones que no progresan, “pareciera que no se hace mucho desde la SFP cuando existen todos los elementos para avanzar, eso no puede suceder porque son los recursos de todos los mexicanos que están en juego”.

“¿Qué más se puede hacer desde la Cámara de Diputados para fortalecer la cultura jurídica? Porque no se obtienen los resultados deseados ante los desfalcos de 3 mil millones de pesos o más, y no hay funcionarios de primer nivel sancionados”.

Señaló que la reducción de estos contratos, de más de mil 500 en 2012 a 105 en el presente año, refleja que “se les puso un alto o cuando menos se les hizo ver que pusieran atención, porque hay miles de millones de pesos en contrataciones, que finalmente se manejaron en una evidente simulación por lo que reflejan las investigaciones de las organizaciones no gubernamentales y de la ASF”.

Propuso que en el decreto del Presupuesto “se amarre una recomendación para que no se abuse de lo que permite el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Fijar que está prohibido hacer este tipo de contratación porque no son necesarias ni objeto de las universidades”. Indicó necesario que en la Sedatu también se analice este tipo de contratos.

El legislador Francisco Javier Pinto Torres (NA) solicitó que la SFP proponga a los diputados modificaciones al marco jurídico para darle “dientes” y pueda proceder más allá, a fin de que sancione como todos los ciudadanos quieren.

Resaltó la necesidad de trabajar juntos para que los diputados coadyuven con la SFP, propongan y definan cambios legales que procedan y apoyen las actividades indagatorias.

Por el PRI, el diputado Enrique Rojas Orozco pidió trabajar conjuntamente con la SFP para ser más contundentes en la definición del proceso jurídico para ofrecer elementos que sancionen con todo el rigor.

Sostuvo que la dependencia federal tiene la oportunidad de recobrar la credibilidad de la ciudadanía a través de los resultados que obtenga de las indagatorias de estos casos.

De Movimiento Ciudadano, la diputada María Elena Orantes López resaltó la necesidad de que en cualquier construcción pública se vincule y privilegie el factor de protección civil, a fin de crear un marco jurídico con estas especificaciones que evite errores técnicos en perjuicio de la población que hace uso de esas edificaciones.

Por su parte, José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que se ha abierto otra línea de investigación sobre los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la empresa brasileña Odebrecht, referente a la evolución del patrimonio que declaran los servidores públicos involucrados. Se tienen nueve expedientes abiertos para aclarar las inconsistencias detectadas.

Se les instauró un mecanismo para comparar lo que declararon como patrimonio e ingreso contra lo identificado en cuentas bancarias, propiedades y vehículos. Se evalúa la evolución patrimonial de todos los involucrados, precisó.

Afirmó que la SFP tiene toda la capacidad para realizar este tipo de investigaciones, auditorías y concluir en procedimientos disciplinarios, pero “hay candados de determinadas disposiciones que nos obligan a actuar de otra manera, como la prescripción”.

Sobre todo, si los hechos se perpetraron hace cinco años o más, se pierde la facultad para sancionar de acuerdo al marco jurídico federal.

Además, debe contemplarse que los artículos primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras permite a las dependencias y entidades celebrar contratos con otros entes públicos, lo cual “no se puede impedir”. Sin embargo, reconoció la posibilidad de que en el Presupuesto de Egresos o en la miscelánea fiscal, “establecer disposiciones que pongan candados para que sólo determinados montos y fines sean los que se puedan ocupar en la celebración de este tipo de contratos”.

Aseguró que la SFP no elude su responsabilidad de investigar a los funcionarios de todos los niveles, en los casos que detecta, se prosigue y se resuelve el proceso.

Respecto al marco jurídico, estimó que a fines de este año o principios del 2018, tendrán los nuevos reglamentos de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas, aunque ya se tienen los proyectos respectivos.

Christian Noé Ramírez Gutiérrez, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, informó sobre los contratos de Pemex con la empresa brasileña Odebrecht, que como resultado de las indagatorias recabó las comparecencias de 23 servidores públicos y se han iniciado 8 procedimientos administrativos: 4 contra la empresa; dos contra sus representantes legales y dos más contra funcionarios de Pemex.

Indicó que “ya tenían listos tres soluciones para ser emitidas, de los ocho procedimientos; sin embargo, en días recientes la empresa brasileña interpuso un juicio de amparo con el que se le concedió una suspensión definitiva para el efecto de que la SFP no emita las resoluciones correspondientes”.

Esta resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero se tiene que respetar esta suspensión definitiva y “nos impide al menos en lo inmediato emitir estas resoluciones que ya se tenían”. Ante ello, se interpuso el recurso de revisión ante el Poder Judicial el día de hoy, argumentando los agravios que provoca, explicó.

A pesar de lo dicho sobre resultados en otros países, “no ha habido en el mundo una autoridad administrativa que emita un pronunciamiento respecto del tema, México sería la primera nación que lo hiciera, por eso es muy importante emitir estas primeras tres resoluciones”, señaló.

En el fondo el amparo no ha quedado resuelto, la suspensión definitiva es una resolución durante el trámite del juicio, pero por la carga de trabajo los resultados de revisión tardan muchos meses.

Derivado de las tres líneas de indagatorias se tienen identificados nuevos hallazgos que darán la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos en contra de la empresa.

Sobre los contratos con universidades públicas en el esquema de subcontratación, indicó que se denuncia es la triangulación entre diversas dependencias y entidades del gobierno federal para suscribir contratos con algunas instituciones públicas, quienes a su vez contratan los servicios con empresas o terceros.

Aclaró que de acuerdo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se exceptuarán de la aplicación de este artículo, los contratos que se celebren entren entidades y dependencias o entre ellas y la administración pública federal o local.

“No es ilegal la contratación per se de universidades”; se vuelve ilegal cuando esta contratación amerita la subcontración de parte de la universidad con una empresa particular en más del 49 por ciento que permite la ley, o cuando la contratación de una empresa tiene como finalidad subsanar un objeto diferente a la naturaleza educativa de una universidad.

Desde hace un año, la SFP realiza actividades preventivas sobre el tema y se recomendó a las instituciones que “no se abusara del uso de la contratación al amparo de la excepción prevista en el artículo primero”. A partir de marzo pasado se instruyó a todos los órganos internos de control que revisaran estos contratos con universidades y en los casos donde se identificaran riesgos, se realizarán las auditorias necesarias.

En las líneas de acción se encuentran las recomendaciones de la ASF y forman parte del plan de trabajo de las investigaciones que realiza la SFP.

Como acción preventiva se ha instruido a todos los órganos internos de control que en aquellos casos donde la ASF no haya intervenido en las universidades, sea la SFP la que fiscalice el uso de recursos y el actuar de los servidores públicos en esas casas de estudio, de las universidades, aunque la secretaría no tiene facultades para sancionarlos.

Como resultado de las acciones preventivas de fiscalización, indicó que en 2012 y 2013 se detectaron mil 422 contratos de este tipo; en 2014, mil 458 y en lo que va del presente año se tienen 105 contratos, por lo que destacó “la eficiencia de este proceso porque el número se ha reducido de manera exponencial”.

Precisó sobre las sanciones que tres servidores públicos han sido castigados por el órgano interno de control en Banobras, 16 funcionarios más sujetos a procedimiento administrativo y 35 son investigados por diversas instancias de control como del Registro Agrario Nacional, Sagarpa, Sedesol, Fovissste y la Secretaría de Economía.

Patentizó que estas acciones fueron previas a que se dieran a conocer públicamente las contrataciones con las universidades. “Para la SFP es un tema que tenía identificado y que ha venido trabajando desde hace un año”.

Informó que la SFP dará inicio a dos auditorías para revisar las contrataciones con universidades, politécnicos y tecnológicos. Además, con las empresas fantasma - que no es una facultad plena de la Secretaría pero necesita atención coordinada-, explicó que se tienen mesas permantes de análisis con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sobre los contratos de Sedesol, subrayó que abrió 30 expedientes de investigación, de los cuales se han archivado 24 por falta de elementos y se tienen seis en etapa de investigación.

Respecto al arrendamiento de una plataforma por Pemex para utilizarse como unidad habitacional flotante en la sonda de Campeche, por el cual se pagaron 567 millones de pesos y presentó varias irregularidades, subrayó que se redireccionan las investigaciones a partir de nuevas diligencias.

En torno a las prácticas de construcción del Paso Exprés de Cuernavaca señaló que se han indagado ocho vertientes. Respecto al órgano interno de control de la SCT, se tiene un procedimiento administrativo en contra de tres servidores públicos por la omisión de atender los oficios de requerimiento de riesgo presentados por el municipio y la Barra de Abogados. Se encuentra en etapa de resolución, ya que desahogaron las pruebas.

Sobre el hospital regional 36 del IMSS en Puebla, se refirió la importancia del reforzamiento estructural que se realizó antes del sismo del 19 de septiembre, el cual tenía un avance de 35 por ciento del proyecto, evitando se colapsara aunque sí tuvo afectaciones; sin embargo, no hubo consecuencias que lamentar.