Sábado 9 de diciembre del 2017

La Ley de Seguridad Interior está llena de ambigüedades y claro-oscuros, advierte la CNDH

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó hoy que el fortalecimiento institucional y la certidumbre que se busca para nuestras Fuerzas Armadas, así como la certeza que se pretende en sus relaciones con la sociedad civil, no se logrará con una ley como la que se debate en materia de Seguridad Interior, que propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades.

Al hablar en la ceremonia en que el presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 a Miguel Álvarez Gándara y Mención Honorífica a Lucía de los Ángeles Díaz Genao, del Colectivo Solecito Veracruz, que recibió su esposo por estar ella fuera del país, puntualizó que la sola existencia de diferencias conceptuales profundas sobre lo que debe entenderse por “Seguridad Interior” debe ser razón suficiente para dar paso a una reflexión amplia e informada sobre el tema y privilegiar la revisión integral, necesaria y urgente de los problemas de seguridad y justicia que el país enfrenta.

Esta revisión, dijo, tendría que llevarse a cabo bajo un esquema amplio, que ponga en el centro la seguridad ciudadana y en que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, así como determinar el tipo de policía que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los cuales se daría su operación. Todo ello en coherencia con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

Sólo con un plan que comprenda y afronte las raíces de la crisis que vivimos en materia de seguridad podremos restablecer la paz y la promesa de un horizonte verdaderamente democrático y de derechos humanos para las y los mexicanos, aseguró. Limitar nuestras opciones al despliegue reactivo de las Fuerzas Armadas, bajo la denominación que se le pretenda dar, sólo podrá atender los síntomas, mas no dará una solución de fondo a los problemas.

Explicó el Ombudsman nacional que aún es momento de hacer leyes que sirvan a la sociedad y atiendan la realidad que enfrentamos. Solicitó repetir en el ámbito de la seguridad y justicia la experiencia exitosa que concluyó en la emisión de la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, cuya formulación apoyó de manera decida el Ejecutivo Federal y encontró en el Poder Legislativo un espacio de sensibilidad y apertura para el diálogo e intercambio informado, objetivo y realista de conocimiento e ideas con expertos, académicos, victimas y organizaciones de la sociedad civil, así como con las distintas autoridades involucradas en la atención de esa materia.

Tengamos la prudencia y mesura para seguir el camino amplio de discusión integral, cuyo fin sea dotar a la población de seguridad y respeto a sus derechos humanos, aseguró. Y pidió no equivocarnos y darnos oportunidad de un acierto al dotar a la sociedad de un mejor marco normativo para la seguridad de las personas, con respeto a la Constitución y a los derechos humanos.

Ante el consenso amplio que hay por la seguridad y el respeto a los derechos y libertades que las leyes conceden, llamó a aprovecharlo para construir juntos –sociedad, víctimas, policías, fuerzas armadas, académicos y todos quienes quieren la grandeza y prosperidad de la Nación— las políticas pertinentes que el país requiere para atender la situación que enfrentamos.

Construyamos en este tema leyes que aborden la integralidad del problema y que, como se consignó en el Acta Constitutiva de la Federación, que consolidó las bases de nuestra Nación mexicana libre e independiente, sean sabias, justas y protejan los derechos del hombre y del ciudadano.

Al hablar en presencia de integrantes del Gabinete legal y ampliado, así como de los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, Ombudsperson del país, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el salón “Adolfo López Mateos”, de la Residencia Oficial de Los Pinos, González Pérez manifestó que los mexicanos no debemos resignarnos a vivir con miedo ante la violencia e inseguridad, pero tampoco con incertidumbre sobre los alcances y términos en que puede presentarse la actuación de sus autoridades y afectarse el ámbito de sus libertades y derechos.

Tras señalar que la defensa de la dignidad humana no debe calificarse, bajo ningún supuesto, como la defensa de la ilegalidad, de la violencia y de los abusos que se cometan en perjuicio de las y los mexicanos, señaló que no debemos permitir que se demerite o ataque a los defensores de derechos humanos, ni que la respuesta de las autoridades a sus reclamos y planteamientos sea el silencio y la indiferencia, y demandó que las agresiones y homicidios en su contra no queden impunes.

Saludó la disposición del Gobierno de la República y la CONAGO para atender las condiciones de funcionamiento de los Ombudsperson del país, con total respeto a la autonomía de los mismos, así como para reunirse la próxima semana con los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Público de Derechos Humanos y trabajar en el tema solicitado.

Destacó que por el relevante papel que ha tenido en la construcción de la paz, en el marco del respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente por el papel de mediación y enlace entre autoridades y sociedad civil que ha desempeñado en el contexto de conflictos o coyunturas críticas que ha enfrentado nuestro país, el Comité de Premiación determinó reconocer la labor de Miguel Álvarez Gándara y concederle el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, así como Mención Honorífica a Lucía de los Ángeles Díaz Genao, quien con madres y familiares de personas desaparecidas en Veracruz ha realizado acciones concretas para que la verdad y la justicia llegue a todos los casos que atienden.

González Pérez apuntó que al reconocer el trabajo de Álvarez Gándara se reconoce también la labor de muchas personas que, sin claudicar en el reclamo o defensa de causas y convicciones, han privilegiado el diálogo y la conciliación sobre la violencia, contribuyendo en los hechos y con el ejemplo a la construcción de una cultura de paz en nuestra sociedad.

Defender y respetar los derechos humanos implica optar por la defensa y respeto de nuestras libertades, de la legalidad, de la justicia y de las instituciones democráticas que consagra nuestra Constitución, concluyó.