Viernes 1 de diciembre del 2017

En México se legisla solo lo que ordena el presidente de la República, lo demás se va a la “congeladora”

La discrecionalidad en el manejo de los recursos para la publicidad gubernamental, impide expedir, desde hace 10 años, una ley reglamentaria, como lo ordenó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó el coordinador parlamentario del PRD, Luis Sánchez.

Aquí no se legisla nada si no es bajo el permiso o la anuencia del presidente de la República, señaló el senador, quien presentó una iniciativa de Ley General de Comunicación Gubernamental, además de las 17 iniciativas inscritas que ya existen al respecto.

Sánchez Jiménez reveló que en el sexenio de Felipe Calderón el gasto de publicidad oficial representó brutal incremento, al pasar de 3 mil 296 millones de pesos a 8 mil 403 millones de pesos,

Sin embargo, denunció que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto la publicidad gubernamental se incrementó en 133 por ciento del 2013 al 2016, al pasar de 8 mil 154 millones de pesos a10 mil 698.

El perredista enfatizó que falta sensibilización del PRI para poder legislar en esta materia y alertó que existe el riesgo de que podríamos llegar al 30 de abril del próximo año sin una verdadera ley, sin que haya sido aprobada en el Senado, la Cámara de Diputados, y sin que haya sido promulgada, (publicada) por el Ejecutivo Federal.

Puede ser, dijo, que haya un acatamiento parcial del mandato de la Corte, en el sentido de que se obedece, pero no se cumple.

Informó que la ley que propone es de aplicación para los gobiernos Federal, estatales y municipales, y que la Iniciativa toma como referencia la iniciativa del PRD presentada en el 2012. Se pone al día tomando los criterios emanados de organizaciones civiles, incluida la de Articulo 19 -que ganó el amparo para que el Congreso expida la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que regula la publicidad gubernamental.

Detalló que la Ley General de Comunicación Gubernamental propuesta por el PRD establece los criterios que delimitarán los presupuestos, con la finalidad de acabar con la asignación discriminatoria de los recursos en un solo medio de comunicación,

Evita que los gastos se concentren en una sola dependencia, (Gobernación) y con ella el mal manejo y la corrupción.

Establece que el reparto debe ser justo y controlado de manera externa y la asignación publicitaria mediante un Consejo autónomo de los poderes ejecutivos federal y estatales, que vigile y regule la comunicación gubernamental.

Señala que los mecanismos para la contratación serán transparentes, los sujetos obligados proporcionarán un informe anual sobre como destinar los recursos que asignan a los medios.

Finalmente subrayó que se contará con un control externo, el Consejo Nacional de la Comunicación Gubernamental, que vigilará el manejo de los recursos de comunicación gubernamental en todos los órdenes de gobierno.