Jueves 28 de septiembre del 2017

COLUMNA DE LA CORTE: México atraviesa por una crisis con consecuencias terriblemente desiguales

Sin duda, nuestro país atraviesa una crisis de derechos humanos; una crisis de orígenes múltiples, con consecuencias dolorosas de todos los grados, que son resentidas de forma terriblemente desigual, por lo que la sociedad merece jueces que estén a la altura de sus demandas de justicia, seguridad e igualdad, afirmó el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Durante la ceremonia de toma de protesta de 13 Magistrados de Circuito y 3 Jueces de Distrito, en el salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ministro manifestó que el artículo primero constitucional impone a las autoridades estatales –las judiciales incluidas- el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, entre ellas por ejemplo la violencia contra las mujeres con base en el género y en cualquier de sus formas.

En sesión solemne de los Plenos de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Ministro aseveró que un juez imparcial sabe que, dentro del marco institucional disponible, debe asegurarse que las desventajas históricas y sistemáticas que enfrentan ciertas personas y grupos no sean la razón determinante de que no obtengan una solución justa para una pretensión legítima.

“Un juez imparcial equilibra la balanza, es una persona capaz de ver claramente las desigualdades en el país, la violencia sistemática que padecen los colectivos históricamente desaventajados, y de actuar en consecuencia”.

En su momento, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la SCJN y del CJF, tomó protesta y entregó los distintivos y credenciales correspondientes a los 13 Magistrados de Circuito y a los 3 Jueces de Distrito.

En su discurso, el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recordó a los jueces de Distrito y magistrados de Circuito que rindieron protesta, que su función en una democracia impone, al menos, cuatro tareas fundamentales: asegurar el acceso igualitario a la justicia; actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos; respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, y dialogar, a través de nuestras sentencias, con el resto de los poderes.

En la tarea de asegurar el acceso igualitario a la justicia, el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena destacó que un juez imparcial sabe que la perspectiva de género, de discapacidad, de etnicidad y cualquier herramienta analítica que permita visibilizar el impacto injusto en la impartición de justicia de las diferencias de la identidad y de las desigualdades sociales, económicas y políticas, están indiscutiblemente al servicio de la igualdad y que, sin ellas, tendríamos serias dificultades para dictar una resolución verdaderamente justa.

Señaló que para cumplir con la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, el juez previene violaciones de derechos humanos cuando utiliza todos los medios a su alcance para evitar que un daño se concrete.

Puso como ejemplo cuando dicta o confirma medidas cautelares en favor de mujeres víctimas de violencia de género; emprende la búsqueda de personas detenidas de manera ilegal o de datos sobre su paradero; indaga por la integridad personal de las personas sometidas a su jurisdicción, apercibe a las autoridades; entre otras.

Un juez, agregó, sanciona proporcionalmente una violación de derechos humanos cuando le atribuye consecuencias jurídicas razonables, fundadas en la legislación aplicable, y justificadas en la gravedad de la conducta resentida.

En la labor de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ministro expuso que cuando un juez se interpone entre los excesos del Estado y la persona sujeta a su jurisdicción, y obliga a la autoridad a conducirse dentro de ciertos límites, no está fomentando la impunidad, sino aumentando la confianza de las personas en esa autoridad, y en ella como jueza también.

“El tratamiento inocente que debe dispensarse a alguien en el marco del contacto de esa persona con el poder punitivo del Estado –en cualquiera de sus formas- no es una amenaza para los derechos de las víctimas, es más bien una garantía de que el derecho de éstas a la verdad, la justicia y la reparación serán satisfechos dentro del acuerdo democrático que nos da origen y nos sustenta como comunidad de personas libres”.

Finalmente, en su función de dialogar, a través de sus sentencias, con el resto de los poderes, manifestó que la razón de ser de la división de poderes es la necesidad de que las ramas del poder público actúen como diques o muros de contención de los posibles excesos de los otros poderes.

“Ese régimen y su diseño otorgan a los jueces un conjunto de garantías institucionales para independizarse del resto de los poderes. Los jueces debemos estar a la altura de esas garantías, aprovecharlas, oponerlas a las tentaciones autoritarias de cualquier origen, e incluso defenderlas cuando son atacadas por otros poderes”, concluyó.

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