Martes 25 de julio del 2017

COLUMNA DE LA CORTE: En toda sociedad democrática el derecho debe regular y limitar la política

La Magistrada Presidenta de la Sala Superior afirmó que los jueces deben ser escrupulosos en el debido funcionamiento de las reglas que permiten mantener abierto el proceso político.

El magistrado Vargas Valdez indicó que el juzgador tiene el deber de auto controlarse a partir de las normas y principios constitucionales que lo obligan a actuar de una determinada manera

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que, en toda sociedad democrática, el derecho debe regular y limitar la política, porque nadie puede estar por encima de la ley ni tratar de desviarla o desvirtuarla en su favor.

“En este sentido, el papel de los tribunales de justicia es primordial para interpretar y defender la Constitución; pero también —como lo resaltara el profesor John Hart Ely a principios de la década de los ochenta— los jueces debemos ser particularmente escrupulosos en el debido funcionamiento de las reglas que permiten mantener abierto el proceso político y corregir las discriminaciones que suelen sufrir las minorías políticas”, aseveró Otálora Malassis.

Al participar en la presentación de la conferencia magistral “Revisión Judicial y Democracia Directa: Lecciones desde California”, impartida por el ministro de la Corte Suprema de Justicia del Estado de California, Goodwin Liu, la Magistrada Presidenta señaló que para el Tribunal Electoral es muy importante compartir experiencias con otros tribunales constitucionales y electorales.

“Tenemos un reto común que es el de garantizar los derechos político-electorales de nuestros ciudadanos y preservar la democracia en nuestras sociedades”, subrayó Otálora Malassis durante el evento realizado en las instalaciones de la Sala Superior del TEPJF.

El magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdez, señaló que uno de los principales dilemas a los que se enfrentan juzgadores del TEPJF es el de invalidar elecciones, porque no puede haber nada más frontal que ir en contra de la voluntad popular, por lo que los elementos que los deben de llevar a dicha determinación, y que están prescritos en la Constitución, es precisamente cuando existan cuestiones graves y determinantes que hagan que la voluntad popular pierda autenticidad y libertad.

Vargas Valdez recalcó que es de gran importancia este dilema al cual se enfrentan los juzgadores ya que implica el contradecir a la gente, a los representantes populares o incluso la voluntad expresada en las urnas, y, en este sentido, es el enfrentarse al dilema doctrinal de quién controla al controlador.

“Es el famoso dilema doctrinal de quién controla al controlador y la respuesta que he encontrado es que nadie lo controla y él tiene un deber de auto controlarse a partir de las normas y principios constitucionales que están ahí y que nos obligan a actuar de una determinada manera”, subrayó el magistrado de la Sala Superior.

Al dictar su conferencia magistral, el ministro de la Corte Suprema de Justicia del Estado de California, Goodwin Liu, comentó que, en los tribunales, en lugar de invalidar una doctrina o iniciativa popular, ésta se interpreta de manera distinta para preservar su constitucionalidad.

“Cada vez que hay una revisión judicial, hay que ver la dificultad, es decir, el Tribunal tiene que ir a veces en contra de la voluntad de la mayoría y eso es algo que a los tribunales no les gusta hacer, es una situación muy incómoda y el proceso que yo he descrito de democracia directa, presenta ciertos desafíos particulares y muy a menudo hemos visto si este proceso de iniciativa realmente requiere que los tribunales apliquen una forma más estricta para revisarla o una forma de revisión mucho más flexible”, dijo.

El ministro Liu presentó algunos aspectos relevantes sobre la Suprema Corte del Estado de California, incluyendo su integración y operatividad; asimismo habló sobre la democracia directa en ese estado, de los desafíos específicos que presenta la democracia directa para la revisión judicial y, por último, de diversas polémicas que se han presentado relacionadas con elecciones, en especial, lo que tiene que ver con la supresión del voto y posibles casos de fraude electoral.

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