Miércoles 11 de octubre del 2017

COLUMNA DE LA CORTE: Janine M. Otálora Malassis

*Logros de la reforma electoral de 1977

Para mí es un gran honor estar en esta la Facultad de Derecho de la UNAM, mi Alma Mater, y lo es aún más tratándose de la oportunidad de intercambiar reflexiones con distinguidas personalidades, con motivo del 40 aniversario de la reforma electoral de 1977.

Ésta reforma abrió una nueva etapa en el desarrollo político de México, iniciando la liberalización del régimen que conllevó a una mayor inclusión de las voces opositoras en la arena representativa y, con el tiempo, desembocó en la alternancia en el poder y construcción de la democracia que tenemos hoy en día.

La visión liberal del arquitecto de aquellos cambios, don Jesús Reyes Heroles, es el fundamento de la construcción que hemos logrado a lo largo de estas cuatro décadas, del reconocimiento de los derechos a la participación política para todas las personas, de las minorías y de la pluralidad de opiniones e intereses.

Las primeras regulaciones del acceso a los medios de comunicación y del financiamiento público para los partidos políticos se dieron justamente con esta reforma de 1977, como elementos indispensables para crear un piso mínimo en la competencia electoral. La importancia de estos dos elementos, que serán hoy objeto de análisis, se ve reflejada en el hecho de que cuatro grandes reformas subsecuentes se centraron en su regulación.

Algunos podrían decir que la visión de la democracia que conllevaba la reforma de 1977 era una visión acotada, limitada, restringida a la creación de los procedimientos electivos, que no tenían mayor ambición que garantizar la competencia libre por el poder.

Efectivamente, se trata de una visión de lo que llamamos democracia electiva o procedimental, una forma del régimen político en la que existen las elecciones libres, justas y competidas, basadas en el sufragio universal y en amplias garantías de derechos y libertades políticas y cívicas, que permiten a todas las personas influir de manera efectiva en la construcción del poder político. Es un sistema en el que “todos los ciudadanos y grupos obtienen los mismos derechos e igual protección legal, así como posibilidades reales del acceso a la justicia y al poder”.

Por supuesto, no podemos reducir el ideal democrático a la mera celebración periódica de elecciones para renovar a los gobernantes. Otras perspectivas teóricas e ideológicas nos apuntan a otra forma de la democracia, más compleja y enfocada en la capacidad de satisfacer las demandas ciudadanas, reflejada por la calidad de los contenidos y resultados del ejercicio de gobierno.

Se trata de un régimen basado en Derecho que pretende articular las garantías suficientes para la preservación de la libertad efectiva o material de las personas, sin la cual toda acción de participación o de mediación con las instituciones representativas carece de relevancia como mecanismo de legitimidad del poder público.

Dentro de esta acepción de una democracia sustantiva, o de calidad, la división de poderes se erige como una de las piedras angulares del Estado de derecho, como eje vertebrador de las funciones estatales, en tanto mecanismo necesario para la corrección en la actuación de los poderes y demás entes públicos, mediante su control recíproco.

Así quedó proclamado en uno de los documentos más representativos en la historia de los derechos humanos: la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. En la actualidad, casi 250 años después, se mantiene la vigencia de este principio, aun cuando la constelación de órganos estatales no se reduzca ya a la trilogía clásica de los poderes y nuestra comprensión actual de la democracia constitucional abarca un diseño institucional robusto, construido en aras de garantizar la protección de los derechos de todas y todos.

Ciertamente, debemos siempre recordar que, sin la base electiva, sin una democracia procedimental que funcione adecuadamente y que garantice la libre y pacífica elección de los gobernantes, no es posible construir un proyecto que logre que los valores democráticos trasciendan a otros ámbitos de la vida colectiva.

Las exigencias de una sociedad más justa, más igualitaria, de un gobierno responsable y capaz de entregar resultados esperados por la sociedad, parten invariablemente de nuestra capacidad, como ciudadanía, de elegir a quienes van a ejercer el poder. Es indispensable poder elegir a los gobernantes, para poder exigirles resultados de gobierno.

Seguimos transitando por el camino que se abrió a partir de la reforma de 1977: el camino de las instituciones sólidas y capaces de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos democráticos. En este camino vemos que la democracia que tenemos en México es el logro de las generaciones que nos precedieron y no olvidemos, que es el patrimonio de las generaciones que vendrán después de nosotros.

De ahí que estamos obligados a cuidar nuestras instituciones, que son el fundamento de la democracia electiva y garantizan la vigencia del Derecho como mecanismo protector de los derechos y libertades individuales contra los abusos del poder.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forma parte de ese entramado constitucional llamado a garantizar el Estado de derecho. De tal suerte, que al Tribunal Electoral le corresponde garantizar que las reglas de la democracia electoral se cumplan para que las autoridades electas puedan inyectar de la legitimidad necesaria al resto del apartado estatal. Pero, al mismo tiempo tutela la efectividad del régimen representativo del Estado, el Tribunal debe igualmente velar por ciertos valores y bienes públicos distintos a los propiamente electorales.

Tiene, como Tribunal cuyo parámetro de actuación es y será siempre la Constitución, la misión de asegurar la imparcialidad en el ejercicio de la función estatal de organizar elecciones y de defender determinados bienes comunes al margen, e incluso por encima, de las simpatías personales o colectivas, incluso de aquellas enarboladas por las instituciones cuya labor corresponde revisar.

Debemos cuidar nuestras instituciones especialmente en contextos de encono político, cuando la única ruta de salvamento para el orden constitucional radica en que las autoridades, jurisdiccionales o no, se abstengan de sumarse a la politización del litigio, eviten incorporarse al debate social que, en paralelo, corre junto con las determinaciones formales de los procesos electorales. Los tribunales, las autoridades, todas, debemos actuar con estricto apego a las atribuciones que nos confiere la Constitución General de la República y la ley.

En ese ejercicio colectivo de atribuciones y deberes legales es probable, porque así lo determina la naturaleza debatible del contenido de las disposiciones jurídicas, que existan disonancias, desacuerdos en el entendimiento del alcance de las normas que rigen los comicios.

Pero precisamente por ello existen tribunales con procedimientos articulados específicamente para la emisión de sentencias que pongan fin a las desavenencias jurídicas, en los cuales precisamente participan, de manera previa, todas las partes involucradas.

Las sentencias que ponen fin a los litigios electorales no pueden ni deben interpretarse, de manera maniquea, bajo las coordenadas de supuestos ganadores y perdedores, ni mucho menos traducirse en términos de izquierda o derecha, conservadores o progresistas, o alguna otra reducción simplista de nuestra realidad.

Los ordenamientos jurídicos modernos constituyen entramados complejos, por lo que, con el dictado de resoluciones que ponen punto final a las controversias electorales, ganamos en realidad todos quienes de una forma u otra nos encontramos vinculados al ejercicio democrático en su vertiente electoral, porque con él se ha avanzado en el terreno nada insignificante de la seguridad jurídica.

Me parece que a todos nos conviene cuidar nuestras instituciones de México. De ello no se sigue, desde luego, una actitud de complicidad, incompatible con el papel que a cada uno de nosotros corresponde para llevar a buen puerto el complicado escenario que se nos plantea para el 2018. Ante los retos que vienen, tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestra democracia a través de sus procesos electorales, garantizando la legitimidad de las autoridades electorales y fomentando la confianza ciudadana.

Nos queda claro que esta confianza a la que aspiramos todos, se construye a través de la labor cotidiana de las autoridades electorales. Cada decisión que tomamos debe obedecer y obedece siempre y exclusivamente a las razones de constitucionalidad y legalidad. En esto, el Tribunal Electoral reconoce la importancia de la autonomía de las demás autoridades electorales.

Asimismo, reconocemos que la colaboración y constante comunicación entre las autoridades es relevante para conocer el fondo de las controversias y de las decisiones y lograr así una armonización de criterios, necesaria e indispensable para una mejor organización electoral. Sin embargo, en este andamiaje el Tribunal Electoral es el garante de constitucionalidad y legalidad y ésta no puede estar sujeta a otras consideraciones.