Sábado 18 de noviembre del 2017

COLUMNA DE LA CORTE: Las instituciones electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político

La magistrada presidenta del TEPJF dijo que todo proceso electoral exacerba los enconos sociales y políticos, y que los debates intensos y ríspidos son propios de toda democracia.

El Tribunal Electoral imparte justicia que da certeza a la democracia, afirmó, al ofrecer su Primer Informe de labores ante el Pleno de la SCJN y del CJF

A nombre del Pleno de la Sala Superior, la magistrada Otálora Malassis indicó que el compromiso del Tribunal Electoral es impartir justicia de manera ética, en aras de consolidar un Estado de Derecho democrático

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que, para preservar su neutralidad las instituciones electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político y su única guía debe ser la Constitución y los valores democráticos.

A nombre de los integrantes de la Sala Superior, Otálora Malassis ofreció el Primer Informe Anual de Actividades de la presente integración, correspondiente al periodo 2016-2017, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el que sostuvo que en el TEPJF se tiene claro que toda competencia electoral exacerba los enconos sociales y políticos, y que los debates intensos y ríspidos son propios de toda democracia y de la arena política.

“Las magistradas y los magistrados estamos conscientes de que la justicia es el cimiento de la dignidad humana y la libertad, nuestro compromiso es seguir impartiendo justicia de manera ética, en aras de consolidar un Estado de Derecho democrático, en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos, en condiciones de igualdad, de paz y dentro de un orden social y armonioso”, aseveró la magistrada presidenta del TEPJF.

Por ello, refirió, para quienes integran el Pleno de la Sala Superior, el Tribunal Electoral es la institución que, a través de sus resoluciones razonadas, argumentadas y congruentes, garantiza certeza para la democracia.

Acompañada por la magistrada y los magistrados de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, Otálora Malassis subrayó que México requiere de instituciones fuertes, legítimas y con credibilidad, así como de procesos electorales íntegros, por lo que las elecciones de 2018 representan la oportunidad para demostrar esa fortaleza institucional.

“Este proceso electoral representa una oportunidad para probar esa fortaleza institucional e integridad electoral; para hacer eco de las demandas sociales y consolidar las libertades y derechos de las y los mexicanos. Sabemos que las libertades que no sepamos proteger hoy, serán mañana los males de la sociedad”, sostuvo.

La magistrada presidenta indicó que, si bien es cierto que el sistema electoral mexicano se estructura en torno a dos ramas fundamentales, la administrativa y la jurisdiccional, que tienen sus propios fines y atribuciones, también es cierto el hecho de que el “diálogo entre ambas, para armonizar criterios, debe ser amplio, abierto y de frente a la sociedad, en aras de fortalecer a la democracia sin atentar contra el orden constitucional”.

“La sociedad requiere de árbitros administrativos creíbles y eficaces; también exige árbitros jurisdiccionales fuertes, independientes e imparciales y que velen por el Estado de derecho”, subrayó ante el Pleno de la SCJN y del CJF, los integrantes de las Salas Regionales del TEPJF e invitados especiales, presentes en el Salón de Plenos de la Suprema Corte.

La magistrada Otálora Malassis añadió que “nuestra justicia electoral es el reflejo de quienes la impartimos. No buscamos el aplauso, ni huimos la crítica, nos sometemos siempre a un escrutinio estricto y exigente de los actores políticos y de la ciudadanía. Reiteramos nuestro compromiso de servir a la democracia”.

Subrayó que la protección del orden constitucional y de las libertades y derechos de las personas es una tarea que compete al Poder Judicial y que, al mismo tiempo, “se trata de una corresponsabilidad de todos los actores políticos y la ciudadanía: en la medida en que la Constitución nos protege a todos, a todos nos corresponde su defensa”.