Viernes 25 de agosto del 2017

Acusan a Mancera de convertir espacios públicos en negocios privados

Por Guillermo Pimentel Balderas

Como es costumbre en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, las construcciones en la Ciudad de México se hacen con plena impunidad y a la sombra de la irregularidad, sin los permisos correspondientes, agrediendo el entorno vecinal.

Esta administración se ha caracterizado por solapar y beneficiar a desarrolladores inmobiliarios ambiciosos, cuyos dueños se escudan en apellidos de ex políticos famosos como los Salinas de Gortari y los Costemalle Botello, por ejemplo.

Un claro prototipo es el CETRAM Constitución de 1917, en el cual se pudo constatar en visita de reporteros que cubren la “fuente” de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que no cuenta con permisos, pese a que se afectan 50 mil metros cuadrados y a 200 mil pasajeros que utilizan el servicio de transporte colectivo Metro.

Ante esta otra amenaza, vecinos del oriente de la Ciudad, señalaron que se organizan contra la mayor privatización de superficie pública en la capital, que sólo beneficia a éstos desarrolladores ambiciosos.

Ante este caótico panorama, el partido Morena presentó un plan alternativo para construir una preparatoria y un gran centro cultural, en vez del megaproyecto capitalino que privilegia los intereses de los desarrolladores sobre las necesidades de los ciudadanos.

Una vez más, vecinos del oriente de la ciudad agrupados en colectivos ciudadanos acudieron a las inmediaciones del CETRAM Constitución de 1917 para manifestar su enérgico rechazo a la privatización de los 50 mil metros cuadrados en que se asienta la construcción.

Estuvieron acompañados de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa, David Cervantes Peredo y Ana María Rodríguez, así como de Clara Brugada, quien fuera legisladora y candidata a jefa delegacional en Iztapalapa.

Los ciudadanos subrayaron su decisión de oponerse a la estrategia del gobierno capitalino que busca despojar a los habitantes de la Ciudad de México del “poco espacio común que aún queda”.

En su intervención, la legisladora local Ana María Rodríguez advirtió la determinación de organizaciones vecinales y de innumerables colonias, pueblos y barrios originarios para formar un Frente en la ciudad capaz de frenar la estrategia de la administración capitalina que privilegia los intereses de los desarrolladores sobre las necesidades de los ciudadanos de a pie.

Al respecto, Cervantes Peredo señaló que el jefe de Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), cuyo propósito es, indicó, legalizar esta estrategia de depredación del espacio público sin consultar a la ciudadanía.

Lo más grave, añadió, es que, con el pretexto de mejorar el espacio público del CETRAM Constitución 1917, se pretende entregarlo a mega-desarrolladores que sólo piensan en la obtención de ganancias. Por eso, reiteró, quieren aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano.

Ante tal situación, agregó el diputado de morena, hemos presentado un Plan de Acción Pública contra la privatización del Paradero Constitución de 1917, en el cual expresamos nuestros sentimientos como ciudadanos y proponemos medidas para construir una ciudad de derechos, no de negocios.

Esta es, subrayó Cervantes Peredo, una jornada importante para decidir en qué ciudad queremos vivir.

Clara Brugada informó, a su vez, que de ser aprobado el PGDU, Iztapalapa sería severamente afectada. Aquí, en el CETRAM Constitución de 1917, explicó, se privatiza el mayor espacio público de la capital.

Hoy en día, agregó, todos los paraderos están en vía de ser entregados a la iniciativa privada para su explotación mediante la concesión de 40 años prorrogables por otros 40 años, como es el caso de este CETRAM.

Y recordó que, en efecto, hace 36 meses, el gobierno de Mancera dio inicio a la entrega de miles de mil metros cuadrados del paradero del Metro Constitución 1917 a la iniciativa privada, utilizando como pretexto la construcción de un Museo Papalote del Niño.

Al respecto, advirtió: “El paradero o CETRAM consta de más de 50 mil metros cuadrados, 15 mil de los cuales se destinarían al museo interactivo para los niños. Bienvenidos los espacios para desarrollo social. El gobierno local encauza 443 millones de pesos al museo, pero entregará su administración a la misma empresa, Rectoma, que administra el Museo del Papalote.

“No nos oponemos a su modernización. Pero sí a la concesión de Mancera a desarrolladores ambiciosos. Ya existe el contrato de licitación para el levantamiento de esta obra, que consiste en una plaza comercial, un hotel y un estacionamiento privados”.

Mediante la figura de asociaciones público-privadas se entregan 35 mil metros cuadrados a cambio de 268 millones de pesos destinados, supuestamente, a mejorar el CETRAM, afirmó Brugada.

Por consiguiente, de acuerdo con los ciudadanos morena propone construir:

1. En vez de un hotel, una preparatoria pública.

2. En vez de una plaza comercial, un gran centro cultural con áreas verdes, foros, auditorios.

En el mismo sentido, David Cervantes informó que en varias ocasiones, por intermedio de la secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, se le propuso a Miguel Ángel Mancera establecer una mesa de debates en torno de la vía idónea para mejorar el paradero. Pero se ha negado a informar y dialogar. Por tanto, no nos ha dejado otro camino que la acción jurídica,

El gobierno, agregó, justifica la privatización con el pretexto de que no le alcanza el dinero, pero se gasta casi 500 millones en un museo para enseguida entregárselo a desarrolladores. ¿Por qué entonces no se destinan a mejorar el paradero?, se preguntó.

“Y desde luego que sí hay dinero. Por ejemplo, en 2016 la administración capitalina recibió 30 mil millones de pesos sobre los ingresos presupuestados. Por tanto, se puede remodelar el CETRAM y hacer las obras que pide la comunidad sin entregarlas a desarrolladores que sólo buscan ganancias sin tomar en cuenta las necesidades colectivas”.

Hoy se expulsa a los comerciantes del paradero y mañana se expulsará a miles de habitantes más de la zona. Por eso decimos no al PGDU, concluyó David Cervantes.

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