Lunes 26 de marzo del 2018

Carcome corrupción a Seduvi, Invea, Protección Civil y delegaciones de la CDMX

Por Guillermo Pimentel Balderas

En varias delegaciones de la Ciudad de México se ha desatado un boom de construcciones no solo de conjuntos habitacionales sino también de plazas comerciales en detrimento del entorno vecinal y han indicios de un contubernio de empresarios inmobiliarios con los que administran la Seduvi, el Invea, Protección Civil de la Ciudad de México y demarcaciones.

De acuerdo a información hecha pública en medios de comunicación, estas obras se han manifestado con mayor presencia en Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, entre otras más, sin que hasta el momento las detengan los responsables en este tema o en su caso el todavía administrador de la Ciudad de México.

Según las denuncias de vecinos –muchas de ellas del dominio público-, podría haber contubernio de las inmobiliarias con las autoridades delegacionales y funcionarios del gobierno capitalino. Y, como ejemplos claros se mencionan a Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, donde siguen construcciones a pesar de las protestas vecinales.

En Iztacalco, acéfala, por el permiso que le dio Miguel Ángel Mancera a Carlos Estrada para que busque un cargo legislstivo, sigue el boom de construcción de viviendas, irregulares y regulares.

Se dice que el que supla a Estrada –los tres incondicionales de la diputada local Elizabeth Mateos, pareja de Estrada-, tratarán de sacarle más jugo a los permisos de construcción pues según se sabe públicamente, son la caja chica del perredismo.

En Tlalpan, en el (des) gobierno delegacional durante la gestión de Claudia Sheinbaum (candidata de Morena al gobierno capitalino), fue cómplice de las anomalías. “Esperamos aún que las autoridades delegaciones nos puedan informar qué ha pasado con las quejas vecinales sobre movilidad y servicios públicos”, dijo en su oportunidad la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Lourdes Valdez Cuevas.

En este sentido, la legisladora por Tlalpan agregó que la plaza comercial cuenta con indicios de corrupción por parte de la inmobiliaria en complicidad con funcionarios de Sheinbaum.

Sobre esto, aseguró que varios grupos de vecinos de la colonia Santa Úrsula Xitla encabezaron diversas protestas para frenar la obra y su inauguración.

“Los vecinos en Tlalpan nos oponemos a esta plaza y vamos a acudir a las autoridades judiciales para desahogar las dudas que tenemos acerca de la obra y trámites de ejecución”, amagó la panista.

Explicó que la obra, a pesar de tener indicios de corrupción, fue abierta al público, por lo que demandó al Invea y Protección Civil, realizar una inspección correcta para conocer el estatus de la construcción.

Añadió que desde 2013, se reunió con un grupo de habitantes de la zona de Santa Úrsula, quienes acusaban en su momento una serie de irregularidades. Aseguró que cuando Sheinbaum gobernó Tlalpan se dedicó a regalar espacios para obras brincándose a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

En Iztapalapa, Dione Anguiano, se ha dedicado más a ser desarrolladora inmobiliaria que delegada. El caso más concreto y que podría causar enfrentamientos entre estudiantes de CCH Oriente de la UNAM y trabajadores de una obra, es que la susodicha, al parecer, renovó el permiso para que se siga construyendo un centro comercial, precisamente al frente de la instalación educativa.

Los universitarios han advertido que no dejaran siga la obra y si es necesario enfrentarán a los albañiles y empleados de la inmobiliaria que pretende construir un centro comercial en un lugar, que aseguran los jóvenes, es de la UNAM.

No hay ningún aviso de construcción para saber cuál es la empresa que quiere realizar esta obra, así como los datos oficiales de autorización de la misma.

Inconstitucional Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030

En otra información, David Cervantes de Morena había dicho que desde 2015 se denunció que ni las Comisiones en la ALDF ni el jefe de Gobierno tuvieron la disposición de dialogar sobre las medidas preventivas sobre desarrollo urbano.

Expuso que la bancada morenista en la Asamblea Legislativa, declaró que la propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 2016-2030 enviada por el jefe de Gobierno, debió ser rechazada por el Pleno por contener vicios inconstitucionales.

Precisó que el rechazo de Morena a la iniciativa del PGDU se basa en que es improcedente por contravenir toda perspectiva de derechos humanos, favoreciendo el plan de negocios rechazado mayoritariamente por la sociedad.

Cervantes Peredo recordó que desde el 25 de septiembre de 2015, Morena propuso la “Iniciativa con Proyecto de Decreto para aplicar Medidas Preventivas en materia Urbano Ambiental”, con la finalidad de abrir discusión sobre el proyecto de ciudad con perspectiva de derechos humanos.

El jefe de Gobierno también se negó a discutir al respecto y finalmente siguió su propia ruta para luego entregar a la Asamblea un dictamen que es, a todas luces inconstitucional, manifestó Cervantes Peredo. El legislador señaló que la iniciativa es inconstitucional por el hecho de no haber consultado a los pueblos y barrios.

Cervantes Peredo argumentó que el rechazo a Iniciativa del PGDU se debe también a que de acuerdo con el artículo transitorio décimo quinto de la Constitución local, corresponde al Congreso de la Ciudad emitir la legislación en materia de desarrollo urbano, la que a su vez deberá entrar en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019.

Ante la opinión de las demás bancadas por el rechazo de Morena al Programa de Desarrollo Urbano, el diputado José Alfonso Suárez del Real llamó a los diputados del PRD, PAN, PRI y Verde Ecologista a no manejar un doble discurso.

“Si en verdad defendieran a los habitantes de la ciudad, no hubieran dejado vigente la fracción VII del artículo 253 del Código Fiscal para el pago de 5 mil 221.50 pesos por el dictamen de constitución de polígonos de actuación, lo que deja al descubierto que el negocio está por encima de los principios fundamentales”.

Para la Ciudad, argumentó Suárez del Real, es necesario establecer un régimen urbano transitorio y no un marco de actuación con perspectiva al 2030.