Viernes 16 de marzo del 2018

Asaltos de impacto en CDMX, secuela de un débil Sistema de Justicia Penal

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea, Gonzalo Espina Miranda, condenó este jueves el asalto a la joyería Euro Ten, al interior del centro comercial Santa Fe, en Cuajimalpa.

Tras conocer el avance en las indagatorias, el legislador del Grupo Parlamentario del PAN llamó a redoblar la vigilancia en los espacios públicos y de comercio de la zona.

Insistió en que el nuevo Sistema de Justicia Penal no funciona y, por el contrario, revierte los alcances de la policía capitalina en materia de combate a la delincuencia.

“Los asaltos de impacto en zonas exclusivas como en Santa Fe son producto de la mala aplicación de un proceso penal que beneficia a los delincuentes”. Gonzalo Espina insistió en una reestructuración legal al Sistema Penal, ya que la población penitenciaria se ha reducido y los delincuentes están saliendo.

Aseguró que son liberados en menos de 72 horas y las indagatorias son muy “vagas” para condenar actos delictivos como lo fue ayer en Cuajimalpa con el robo a una joyería de lujo a mano armada.

Citó que en 2018 fueron puestas a disposición más de 4 mil 600 personas por robo a transeúnte con armas de alto calibre.

“Los delitos en la Ciudad de México se han recrudecido al grado de que las empresas han optado por considerar la contratación de seguridad privada como una necesidad básica en la apertura de negocios”. Añadió que abrirá una serie de reuniones en la Comisión de Seguridad Pública para recibir las propuestas empresariales en términos de vigilancia a los negocios de Santa Fe.

Sentenció que la laxitud del nuevo Sistema de Justicia Penal ha hecho que la capital del país se enfrente a grupos delincuenciales más agresivos.

En este sentido, el panista confió en la fortaleza del Ministerio Público local para armar las carpetas de investigación sólidas ante la debilidad de los procesos federales en materia de justicia penal.

Añadió que desde 2017, la bancada del PAN en la Asamblea respaldó al gobierno de la Ciudad de México en el intento por blindarse y evitar la salida de más de 4 mil presuntos delincuentes de las prisiones capitalinas debido a los criterios del nuevo Sistema Penal.