Martes 13 de febrero del 2018

Iluso senador proyecta ley para regular remuneraciones de servidores púbicos

A fin de regular las remuneraciones de los servidores públicos federales, de los tres poderes, sus órganos, dependencias, entidades y organismos con autonomía constitucional y partidas de los entes públicos, el senador Miguel Barbosa Huerta presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y adicionar el Código Penal Federal con un artículo 117 bis.

El proyecto considera que los altos servidores públicos de la federación no requieren percepciones extraordinarias, de tal manera que toda erogación, incluidas las jubilaciones, pensiones, compensaciones y haberes de retiro deben estar contenidas de manera expresa en el Presupuesto de Egresos.

Plantea que las remuneraciones y tabuladores estarán sujetos al principio de máxima publicidad, por lo que no se podrán clasificar como información reservada o confidencial.

Dicha información debe ser publicada y actualizada de forma permanentemente en los portales de internet y se deberán desglosar los elementos fijos y variables, ya sea en efectivo o en especie, así como las contribuciones que generan.

Respecto a las liquidaciones no podrán ser concedidas por acuerdo de los titulares de los entes públicos, sino que se otorgarán al término de la relación de trabajo y conforme a lo establece la ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales.

Se precisa que los servidores públicos de elección popular, secretarios y subsecretarios de despacho, directores generales e integrantes de los órganos de administración o gobierno de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos públicos autónomos o independientes, no tendrán derecho a liquidación o compensación por el término de su mandato.

El proyecto incluye una adición al Código Penal Federal para incluir el delito de remuneración ilícita de servidores públicos y sancionar con cárcel de entre tres meses y 12 años y multa de entre treinta y tres mil Unidades de Medida y Actualización.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de estudios Legislativos, Segunda.