Martes 10 de octubre del 2017

Se inicia demolición de edificios colapsados y de alto riesgo en la CDMX

El director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, Renato Berrón Ruiz, informó a diputados federales que este lunes se inició la etapa de demolición de edificios en tres de 11 inmuebles, los cuales cumplieron con todos los requisitos, luego de que sus propietarios hicieron la solicitud respectiva; además, se trabaja en seis inmuebles más que van a eliminarse. Serán alrededor de 150 y menos de 200 las edificaciones que serán derribadas.

Estimó sobre el proceso de demolición: “Esperemos que en un par de meses se haya acabado la labor de eliminar los edificios que están en riesgo de colapso, y se han convertido en un conflicto para la gobernabilidad y funcionamiento de la ciudad”.

Explicó que la política que se sigue en la Comisión de Reconstrucción y Recuperación respecto a las edificaciones con alto riesgo de colapso, es prohibir el ingreso porque no se puede poner en peligro la vida de las personas que quieren recuperar sus documentos o bienes; entrar es un riesgo mayor y “sería imperdonable que se les permitiera el acceso y les pasará algo. Tenemos que ser precavidos, hay muchas cosas valiosas que la gente quiere recuperar, pero no tanto como la vida humana”.

Consideró que serán alrededor de 150 y menos de 200 edificios los que serán demolidos. “Va existir una política que definirá por qué un edificio se va demoler o no, y serán los que están en alto riesgo de colapso, que ponen en riesgo la vida de los vecinos, peatones, automovilistas y la estabilidad de las construcciones colindantes, que podría provocar un conflicto de gobernabilidad por el bloqueo de calles y que la gente vecina no pueda ocupar sus viviendas que están bien, pero existe la amenaza”.

Afirmó que se ha decidido eliminar esos edificios, porque “no podemos estar con ellos muchos meses, sería realmente complicado funcionar con esos edificios en la ciudad”.

Comentó que el Instituto “tiene solicitudes de muchas delegaciones para demoler inmuebles y por eso las cifras no son exactas; finalmente se está estudiando cada uno y van a ir saliendo los resultados día a día. Se va a ir avisando y definiendo los edificios conforme al Comité de Emergencias, que al final considera todas las circunstancias en las cuales está un inmueble y define cuáles se tendrán que demoler”.

Sobre el reglamento de construcción, su aplicación y cumplimiento, precisó que se deben realizar estudios para establecer nuevas normas en las zonas que resultaron afectadas y que no se consideraban de medio o alto riesgo.

“El mecanismo de cumplimiento no es tan óptimo y tiene que corregirse, se han tratado de tomar medidas al respecto, pero hay muchos supervisores que no hacen su trabajo y se debe estar más atento para establecer mecanismos de control, es otra tarea que debe incluirse en el reglamento para hacerlo más estricto”.

Se debe hacer obligatoria la instalación de pilotes en zonas lacustres, donde la cimentación no es suficiente, indicó.

Refirió la realización de un Estudio de Vulnerabilidad desde 2012, como prueba piloto con 12 mil 700 edificios, donde se detectó que el 5 por ciento tenía alta vulnerabilidad. Se notificó a los dueños y se recomendó hacer un estudio más profundo; “esto se debió haber hecho en los 270 mil que hasta ese momento se tenía como edificios ubicados en zonas vulnerables, es un proyecto que debe continuar”.

Planteó la necesidad de una red de instrumentación de edificios, para que a través de un dispositivo tecnológico se mida el comportamiento de los inmuebles y, en la medida de lo posible, pueda preverse su tendencia ante otro movimiento telúrico, a fin de reducir los riesgos de colapso.

Berrón Ruiz propuso elevar los coeficientes sísmicos en Tlalpan, como zona de riesgo medio y establecer parámetros diferentes de construcción incluso en áreas de terreno firme.

Comentó que el Instituto que encabeza realiza mil dictámenes cada año, con un déficit porque no puede atender todas las solicitudes, y desde 2012 y antes del temblor realizó cinco mil evaluaciones. Por ello, solicitó mayor presupuesto, ya que el 50 por ciento de los recursos se destina a la operación y mantenimiento del Sistema de Alerta Sísmico, a través del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.