Lunes 21 de agosto del 2017

COLUMNA DE LA CÁMARA: Jorge Triana Tena

*En México están secuestradas las libertades

De acuerdo con un estudio presentado por “The Cato Institute”, sobre la libertad general en el mundo a nivel personal, civil y económico, México se ubica en el lugar 77 de 159 naciones analizadas.

El estudio realizado por esa institución con sede en Washington, arrojó que el índice de libertad humana prácticamente se empata con el bienestar y desarrollo económico de los países.

La libertad es importante para la prosperidad y el bienestar general; su impulso permite desarrollar la creatividad y potencializar el talento de los individuos.

Sin embargo, en México las libertades están secuestradas por el paternalismo de las políticas públicas y una Constitución que ve como masa a los ciudadanos y no como individuos, porque es más fácil controlar a un grupo de personas que a 120 millones de mexicanos libres.

En cuestión de libertades personales, México ocupa el lugar 86 de 159 países, calificación obtenida al evaluarse del uno al diez, conceptos como Estado de Derecho, combate a la impunidad, la corrupción donde se logró una calificación de 4, seguridad y justicia 6, derecho a la movilidad 10, libertad religiosa 7, libertad de expresión 7 y respeto a los derechos humanos 9.

Referente a libertades económicas, se colocó en el sitio 58, ya que su evaluación en tamaño de la estructura burocrática fue de 7, derecho a la propiedad 4, política monetaria 8, libertad de comercio 7 y regulación económica 6.

Aun gastando miles y miles de pesos al año en subsidios para el campo, programas sociales, salud y educación, vamos para atrás, gastamos más para el combate a la pobreza y tenemos más zonas vulnerables.

En materia de Estado de Derecho, se tiene un problema muy grave de normatividad, ya que la Constitución habla de masas y la soberanía no recae sobre cada uno de los ciudadanos.

En este sentido, el país no necesita una Carta Magna que proteja a sindicatos, alianzas, frentes, asociaciones y confederaciones, sino se garantice el pleno derecho de los ciudadanos, que el Estado no se meta con la vida y la propiedad y brinde condiciones mínimas de seguridad y procuración de justicia.

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